Solo en los últimos 15 años la ciudad de La Paz ha perdido 16 quebradas por donde antes corrían ríos, y ha ganado terrenos urbanizados donde hoy se levantan desde elegantes viviendas hasta edificios de departamentos de bajo costo. Este desarrollo inmobiliario, que mal mirado puede parecer un síntoma de desarrollo, está poniendo cada vez a más personas en riesgo de posibles deslizamientos.
El Instituto de Investigaciones Geográficas (Iigeo) de la Universidad Mayor de San Andrés comparó imágenes satelitales de 16 quebradas de la ciudad de La Paz tomadas entre 2003 y 2004, con imágenes de 2018, evidenciando que todas ellas fueron objeto de remoción de tierras, terraceo y construcción de viviendas, sean unifamiliares o condominios.
Las quebradas son laderas escarpadas erosionadas por un río y que forman valles erosivos. Y precisamente porque son fruto de la erosión natural, son menos estables, pues la tierra no se ha compactado a un nivel en el que sea posible poner la enorme carga que representa una construcción; y peor aún si además es tierra removida a fin de volver el terreno horizontal. He ahí por qué son terrenos peligrosos.
Solo dentro de la mancha urbana el Iigeo ha identificado 25 quebradas intervenidas para proyectos inmobiliarios. “La velocidad del crecimiento (de la ciudad) sobre estos cerros es alarmante y puede darse de una semana a la otra porque no hay control ni planificación”, señala el director del instituto, quien insiste en que el suelo “es deficiente para viviendas”.
Al respecto, el Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo de La Paz explica algo que es bien sabido, sobre todo por quienes se dedican a traficar con terrenos y a construir: como muchos de esos sectores no son aptos para construir y, por tanto, no reciben autorización de parte de la municipalidad, “son impulsados ante otros municipios vecinos con pretensiones territoriales en la jurisdicción de La Paz”.
El resultado es bien conocido y se repite año tras año con la llegada de la temporada de lluvias: zonas donde no es prudente edificar, pero que reciben la aprobación de gobiernos municipales como los de Palca, Mecapaca y Achocalla, sufren desestabilización y requieren la intervención técnica; los municipios que aprobaron el desaguisado brillan por su ausencia, y el de La Paz es el que destina recursos humanos, técnicos y financieros para evitar desgracias mayores.
Hay, pues, una práctica muy nociva de parte de los traficantes de tierras urbanas que reciben bastante apoyo de autoridades municipales que aparentemente solo les interesa recaudar y no invertir en fiscalización y prevención. El peligro es grande, tanto como el desorden, y al parecer no hay autoridad dispuesta a poner el cascabel al gato, como bien demuestra la Gobernación, que desde hace años se muestra impotente frente a la interminable querella por límites entre La Paz y sus vecinos.
