Lo que debió ser una aclaración pronta, sencilla e inequívoca acerca de la venta, hace una década, de un inmueble de la familia Mesa Gisbert, hoy se ha convertido en una deplorable arma de disputa política. Constituye también materia de intervención del Ministerio Público. Es fundamental que el asunto se resuelva conforme a la norma y lo más lejos posible de la campaña electoral.
Todo comenzó hace unos días cuando la diputada del MAS Susana Rivero denunció que el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recibió en su cuenta bancaria un depósito de $us 30.000 en 2009. El depositante fue Gonzalo Medina, hoy excoronel acusado de vínculos con el narcotráfico. Mesa aclaró rápidamente que ese dinero fue recibido de manera legal y transparente por la venta de un departamento de sus padres en Sopocachi. Presumía que la compradora realizó el depósito.
Poco después, la diputada Rivero exhibió la minuta con dos datos importantes: se firmó transcurridos 11 meses después del mencionado depósito, y consigna un monto de venta equivalente a $us 19.000. El abogado de la familia Mesa, que fue responsable de la transacción, aclaró que la formalización de la venta se retrasó por la necesidad de un trámite de aclaratoria de superficie del bien inmueble, y que el monto de la minuta correspondía al valor catastral. Hasta ahí las cosas estaban razonablemente claras.
Luego se supo que en realidad el departamento se había vendido en $us 55.000, y que los $us 30.000 del depósito en cuestión eran un pago parcial. Tal dinero debía ser administrado por Carlos Mesa a solicitud de sus padres. El único punto confuso, entonces, era la participación del excoronel Medina. La diputada Rivero insinuó que podría tratarse de un caso de lavado de dinero, aunque hace 10 años no había ninguna sospecha de narcovínculos de Medina. Una senadora del MAS habló de posible evasión impositiva.
Esta sucesión de acusaciones por partes y aclaraciones a retazos derivó en un lamentable entrampamiento. Así, a solicitud de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio Público abrió una investigación citando a Mesa este lunes para una declaración en calidad de testigo. El candidato de Comunidad Ciudadana respondió por Twitter y en video alertando que la intención es inhabilitar su candidatura. Y atacó: “este Gobierno corrupto con los mayores nexos con el narcotráfico no me amedrenta”.
¿Qué sigue? Más allá del gris episodio, que podría zanjarse pronto tras la declaración de Mesa en la Fiscalía, la cuestión de fondo tiene que ver con la muy alarmante penetración del narcotráfico en algunas esferas policiales, en especial en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) cruceña. Preocupa también que hacia adelante, en los casi seis meses que restan de campaña electoral, algunos operadores partidarios recurran a cualquier medio para descalificar al oponente. Ojalá lo que prime, más bien, sea el debate programático.
