La población paceña no ha terminado de lamentar el desastre que hace una semana dejó sin vivienda a decenas de familias en San Jorge Kantutani, y ya el fin de semana se produjo una nueva tragedia, esta vez en Achocalla, por la posesión de terrenos aptos para urbanizar. Se trata de una pelea entre un grupo de supuestos adjudicatarios de los predios con comunarios del lugar.
El tenor de los testimonios recogidos luego del enfrentamiento hace difícil saber quién tiene la razón. Unos, mostrando documentos, aseguran haber adquirido hace 20 años 14 hectáreas en el lugar en disputa; son 200 personas que dicen pertenecer a la Cooperativa de Vivienda del Servicio Nacional de Caminos (Covisenac). A su vez, los comunarios afirman que están terminando de sanear su derecho propietario ante la Subalcaldía de Achocalla.
No es lo único confuso. En el incidente, que incluyó golpes, palos y piedras, también hubo explosión de cartuchos de dinamita, uno de los cuales terminó costándole la vida a una persona. Los supuestos adjudicatarios dicen que la persona fallecida formaba parte del grupo que trató de impedir su presencia; los comunarios afirman que se trató de una persona pagada por sus adversarios. Habrá que esperar la versión de la Policía para tener algo más de claridad al respecto.
Otra versión conocida por este diario señala que los supuestos dueños de los lotes suman 120, y que adquirieron aquellas propiedades hace 45 años. Según su versión, un avasallador inició un proceso de usucapión para adueñarse de los predios y resultó favorecido por un juez ahora ya fallecido. El proceso habría quedado anulado porque se presentaron pruebas de las irregularidades. Así, es poco menos que imposible tener certeza de quién dice la verdad.
Pero más allá de saber quién tiene la razón, lo cierto es que hay un patrón que se repite: terrenos apetecidos por más de un supuesto propietario, denuncias de loteamiento sin que se pueda identificar a los responsables, personas enfrentándose con violencia y, sobre todo, un Estado que parece incapaz de poner freno a tanta arbitrariedad.
Súmese a eso la cada vez más frecuente presencia de “mercenarios” dispuestos a provocar violencia para permitir que alguien se apropie de los terrenos, y comunarios cada vez más agresivos con los propietarios de terrenos ubicados en lo que ellos consideran sus tierras ancestrales, con o sin papeles de propiedad; todos ellos medrando de la falta de demarcación legal de los límites entre municipios.
Hay, pues, severos problemas de seguridad jurídica en la tenencia de terrenos aptos para urbanizar, en La Paz y en casi todo el país, y el seguir postergando las tareas necesarias para acabar con esta situación solo puede provocar más violencia y dolor. Cabe preguntarse quién está dispuesto a poner el cascabel al gato antes de que haya que lamentar nuevas víctimas fatales.
