La captura del narcotraficante Pedro Montenegro, quien fue presentado públicamente el sábado, resuelve una parte del problema administrativo que afecta a la Policía Nacional, pues ahora sí pueden cumplir con una orden de captura y extradición hecha en 2015, pero las circunstancias del caso muestran que la crisis en la que está sumida la institución no se resolverá pronto ni fácilmente.
Pedro Montenegro se entregó voluntariamente, pero lo hizo porque estaba cercado, dijeron las autoridades encabezadas por el Ministro de Gobierno, que realizaron decenas de operativos y allanamientos en los numerosos bienes inmuebles del perseguido y sus familiares y allegados, en la capital cruceña y en otras ciudades del país. El valor de los bienes incautados hasta ahora, entre inmuebles y automóviles, suma $us 4,1 millones.
El ahora detenido es buscado por la Justicia de Brasil desde 2015, cuando se le encontró culpable de haber introducido 120 kilos de cocaína a ese país. En Bolivia, donde debía ser buscado por la Interpol, que tenía una orden de arresto en su contra, logró montar una red de tráfico de influencias y complicidad que involucró a varios oficiales de Policía y penetró en al menos cinco unidades, comenzando por la FELCC de Santa Cruz y la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia, dependiente de aquélla.
Según la investigación del Ministerio Público, la red también incluyó a fiscales y jueces y hasta a magistrados de la Justicia, además de empresarios locales. Uno de ellos, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, negó enfáticamente cualquier vínculo con el detenido. Algunos ya han sido arrestados y otros son investigados. Esta faceta del caso anuncia nuevas revelaciones sobre cuán extendido está el narcotráfico en el Estado y en la sociedad boliviana.
La punta del ovillo fue una noticia publicada en el diario El Deber de Santa Cruz y Los Tiempos de Cochabamba, donde se daba cuenta de un posible caso de tráfico de droga en el cual aparecían involucrados dos oficiales de Policía. Si ya fue escandaloso saber que tenían negocios con el traficante, mucho más lo fue conocer que sus negocios tienen casi una década.
No es la primera vez que se lamenta que oficiales de Policía estén involucrados con organizaciones de criminales a las que deberían perseguir; tal vez incluso sea humanamente imposible evitarlo por completo, pero saber que no se trata solo de individuos descarriados, sino de organizaciones que operan dentro de la institución, habla de un peligroso relajamiento de la moral.
Ojalá sirva este escándalo para que verdaderamente comience el proceso de depuración y transformación policial sugerido por propios y extraños desde hace al menos dos décadas. Es inaceptable que la Policía Nacional continúe en la postración en la que la han sumido algunos malos oficiales, que tal vez nunca tuvieron más vocación que la de medrar a costa de su uniforme.
