El accidente ocurrido la tarde del jueves pasado en el barrio paceño de Achumani, donde una volqueta cargada de arena todavía húmeda aparentemente perdió los frenos y arrastró consigo a ocho automóviles, dejando heridas a 11 personas y muerto a un conductor, es un trágico recordatorio de que este tipo de situaciones son el síntoma de un mal mayor: la falta de respeto a la ley.
La misma noche de la desgracia que conmocionó a parte de la ciudadanía, particularmente a los vecinos del residencial barrio, el Director Nacional de Tránsito confirmó que el conductor de la volqueta es un joven de 22 años, quien quedó herido mas no de gravedad, que no portaba licencia de conducir y que por su edad no podría haber obtenido la categoría C, necesaria para estar al volante de vehículos de alto tonelaje.
Asimismo, reveló que el coche que causó el aparatoso y trágico accidente sí tenía el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT), pero no había hecho la última inspección técnica vehicular. Al respecto, la mencionada autoridad policial reconoció que el organismo a su cargo realiza “controles periódicamente, batidas, pero no necesariamente cubrimos a todos”; añadiendo que si los camiones de alto tonelaje siguen circulando es porque los conductores a quienes se pretende controlar “arguyen que se les corta el derecho al trabajo; tienen un sindicato organizado y presionan para que se les permita sacar arena y cascajo” para las construcciones.
La explicación de la autoridad policial es, pues, un penoso recordatorio de que la inspección técnica, trámite obligatorio para asegurar la seguridad vial en las ciudades y carreteras del país (y no solo para llenar las arcas policiales una vez al año), no está cumpliendo su propósito por simple incapacidad de la institución verde olivo, que reiteradamente ha defendido su competencia para hacerse cargo de ella.
Vale la pena recordar que la Ley 165, General de Transporte, del 16 de agosto de 2011, dedica toda una sección, la VI, al Sistema Nacional de Revisión Técnica Vehicular, señalando en su Art. 218 que éste “será administrado por una entidad de competencia nacional del nivel central del Estado, a ser creada exclusivamente para regular, reglamentar, supervisar y fiscalizar la operación del Sistema en todo el país”. No corresponde, pues, que la Policía, que carece de los medios técnicos y el conocimiento especializado, siga pretendiendo hacer una tarea que no le compete.
Es evidente que el joven que protagonizó la tragedia del jueves tendrá que afrontar una dura condena por homicidio involuntario y otros daños personales y materiales, pero también debiera afrontar similar castigo quien lo puso detrás del volante en un camión que al parecer carecía de un apropiado mantenimiento. Urge que el Estado cumpla y haga cumplir las leyes que se promulgan; tenerlas y no cumplirlas no hace más que reforzar la creciente anomia social, profundizando el desprecio por la observancia de la norma.
