En 2010 aún estaba latente el espíritu de la recientemente aprobada Constitución Política del Estado, que nos proponía/soñaba la configuración de un Estado Plurinacional con autonomías. El objetivo en materia legislativa consistía entonces en formular una normativa que impulse el desarrollo constitucional de las virtudes de la CPE. Es decir, todas y cada una de las normas aprobadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional tenían como objetivo fortalecer el cuerpo jurídico que debía desarrollar plenamente y blindar los principios y fundamentos de la CPE.
Esto asociado al hecho de que en 2009 Bolivia pasó a tener una de las normas fundamentales más garantistas de la región y el mundo. Es decir, que daba prioridad a un amplio catálogo de derechos humanos, entre ellos a la información y a la comunicación. En suma, el nacimiento de la nueva CPE nos otorgaba la posibilidad de poder demandar como sociedad el cumplimiento de la responsabilidad social a uno de los poderes fácticos más relevantes de la esfera pública: el conglomerado mediático.
Así, en 2010 se aprobó la emblemática la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, la cual generó un importantísimo debate en la sociedad. Esto nos permitió mirarnos al espejo para reconocernos como una sociedad con profundas heridas, y nos recordó que los procesos educativos y formativos que nos construyen como ciudadanos son responsabilidad no solamente de los padres y maestros, sino también de otros actores, como los medios de comunicación.
De esta manera, por primera vez se estableció una obligación de carácter formativo para los medios en “el ámbito de la comunicación, información y difusión”. Aunque aquel entonces los artículos 16 y 23 de la mencionada ley estaban en el centro del debate, la norma fue un hito relacional entre la instancia legislativa y el gremio periodístico, el cual se opuso de manera contundente a su aprobación, organizando para tal efecto varias protestas a lo largo del país. El 7 de octubre de 2010, varios medios de prensa (más de una decena) amanecieron con sus portadas en blanco, apenas con la inscripción “No hay democracia sin libertad de expresión”.
Hago hincapié en esta historia porque en un momento crítico marcado por la violencia sistemática contra las mujeres, cuando los feminicidios se cuentan a granel y su crudeza se compara con guiones de películas de terror. El pasado miércoles se sancionó una ley que retira la obligatoriedad de difusión por parte de los medios de comunicación de mensajes asociados a las causas inscritas en la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, en la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y en otras 10 normas aprobadas en los últimos nueve años, además de un decreto supremo.
Desde un principio esta obligatoriedad fue poco y mal implementada por los medios, y sin un adecuado seguimiento por parte del Estado. Con todo, en los últimos años presenciamos algo inédito: los medios dando cumplimiento a su rol social mediante la difusión de mensajes contra las principales taras y “olvidos” de nuestra sociedad. Año electoral de por medio, eso ya no va más. Los medios que, en su gran mayoría, nos siguen llenando de contenidos vaciados de virtudes y llenos de mercantilismo se han comprometido a que seguirán difundiendo las nobles causas inscritas en esas normativas. ¿Les creemos?
