Nuevamente, la Policía Nacional desplegó un gran esfuerzo en procura de controlar el penal de San Pedro, en La Paz. En un operativo sorpresa realizado la madrugada del martes confirmó no solo que un puñado de privados de libertad controlaba la vida dentro de aquella cárcel, sino también que algunas autoridades policiales y civiles permitieron la “normalización” de esta situación.
No es la primera vez que la Policía interviene en un penal boliviano. Meses atrás lo hizo en la cárcel cruceña de Palmasola con similares resultados: reos que controlaban la vida de sus compañeros de prisión, evidentes privilegios para unos pocos, y jugosos negocios a propósito de ambas situaciones. Ponerle un alto a estas irregularidades es imperativo, si se desea conservar siquiera un mínimo de respeto por las leyes.
Según el reporte ofrecido por el Viceministro de Régimen Interior y Policía, se hizo “una requisa exhaustiva en todas las secciones” del penal paceño. Los resultados incluyen “trasladar a 36 privados de libertad que fueron identificados como personas peligrosas, problemáticas y que gozaban de privilegios”. Por ejemplo, estos individuos “alquilaban celdas y cobraban seguros de vida”, actividades que son bien conocidas desde hace muchos años en este y en otros penales del país.
Lo más indignante de la situación fue el hecho de que al menos 400 privados de libertad dormían en pasillos y baños, por carecer de recursos económicos para pagar por una celda; mientras que otros disfrutaban de televisores de última generación, una oferta culinaria variada, bebidas alcohólicas, estupefacientes y espacios de entretenimiento, que incluían hasta 10 mesas de billar.
Según se explicó, 22 efectivos de la seguridad de la prisión fueron reemplazados por otros custodios, y cinco de ellos serán sometidos a procesos disciplinarios. Una exdirectora departamental de Régimen Penitenciario y otros tres funcionarios tendrán que responder a una demanda penal por incumplimiento de deberes y por permitir la existencia de los señalados privilegios.
El panóptico de San Pedro fue inaugurado en 1895, diseñado originalmente para 300 privados de libertad, pero hoy alberga a 4.000 personas, aproximadamente. De ahí que se haya convertido en un referente de la precaria situación de la justicia penal en Bolivia, y que sean episódicos los intentos por controlar lo que sucede dentro de sus muros, sin que hasta ahora haya sido posible lograr este cometido del todo.
Es evidente, pues, que no bastará con esta y otras acciones sorpresivas para imponer el orden a una población penitenciaria que sobrepasa con creces la capacidad del lugar donde se encuentra recluida; y mucho menos cuando hay abundantes pruebas de la connivencia entre autoridades, policías y privados de libertad. Ojalá que el hallazgo de esta semana sirva para que alguien, por fin, se anime a ponerle el cascabel al gato, ¿será posible?
