El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Diego Mesa, anunció la decisión de su alianza de que candidatas mujeres encabezarán las listas de senadurías en los nueve departamentos del país. Siendo interesante, la propuesta no es nueva. La paridad de género es un principio constitucional desde hace una década. El tema provocó un vano intercambio de declaraciones.
El itinerario de la participación política de las mujeres, y su acceso a puestos de representación política, ha seguido diferentes etapas al amparo de sus luchas.
Desde la transición a la democracia en 1982 y durante 15 años, el porcentaje de mujeres electas no superaba el 10% en Diputados y el 4% en el Senado. Ello cambió parcialmente desde 1997 con la Ley de Cuotas, que establecía un mínimo del 30% de candidatas mujeres, aunque el número de electas no superó el 20% en la siguiente década.
El salto cuantitativo hacia la paridad se produjo desde 2009, tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el principio de “equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres”. Y fue consolidado con la Ley del Régimen Electoral, que estableció con claridad los criterios de paridad y alternancia para todas las circunscripciones, incluidas uninominales. Así, en las elecciones generales de 2014, el 44% de los senadores elegidos fueron mujeres y se registró un inédito 51% de diputadas titulares.
El próximo 19 de julio, los partidos políticos y alianzas que participarán en las elecciones de octubre deben presentar sus listas de candidatas y candidatos.
Por mandato de la ley, dichas listas tienen que ser paritarias, privilegiando a las mujeres en las circunscripciones con número impar de escaños a ser electos.
Esta obligación, que es verificada por un sistema informático, no puede esquivarse, ya que su incumplimiento supone el rechazo de toda la lista, que debe ser subsanada rápidamente.
Hay una larga discusión acerca de las implicaciones, en términos de inclusión y participación, de la presencia paritaria de las mujeres en los órganos legislativos. Se trata de un avance significativo. En todo caso, el ámbito público-político y los partidos siguen siendo territorio de hombres. La paridad de género está lejos y ausente también en los órganos ejecutivos, como se evidencia en gobernadores, alcaldes, gabinetes. Por ejemplo, los 15 ministros del gobierno de Mesa fueron hombres.
La difícil paridad de género en las asambleas legislativas y los concejos municipales es una conquista que, sin demagogias ni oportunismo, debe preservarse. Y claro que no basta la paridad aritmética. Es fundamental avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Esto es, hacia una democracia paritaria.
Ello pasa también por frenar los innumerables casos de acoso y violencia política hacia las mujeres, y evitar mecanismos que atentan contra la paridad, como la llamada “gestión compartida”.
