La oficiosa declaración del ahora exvocero de Comunidad Ciudadana Diego Ayo acerca del monto y fuentes de financiamiento privado de la alianza para su campaña electoral ha generado no solo sospecha y burla, sino también reclamos de transparencia. Y ya forma parte del debate político. El tropiezo puso en agenda el importante tema del financiamiento de los partidos políticos en el país.
En general, el financiamiento con el que cuentan las candidaturas es una zona gris en los procesos electorales del país. ¿Qué monto de dinero tienen para su campaña? ¿De dónde proviene? ¿En qué se lo utiliza? Son tres preguntas que suelen dejarse sin respuesta o con declaraciones generales y ambiguas. Más allá del debate sobre el financiamiento público, directo o indirecto, hay un déficit de transparencia y una demanda de mecanismos ciertos de fiscalización y rendición de cuentas sobre recursos privados.
En el caso de CC, el señor Ayo reveló tres cosas. La primera es que la alianza de Carlos Diego Mesa ha recaudado poco menos de $us 10 millones. La segunda es que semejante monto, inédito en la tradición electoral boliviana, proviene de ferias, kermeses y personas particulares. Y la tercera es que dichos aportes privados implican “un toma y daca, nada es gratis, todos piden algo”. Aunque el candidato presidencial hizo un video desmintiendo tal extremo, ahí están las palabras del exportavoz.
Más allá de la fallida declaración del fugaz vocero, el episodio deja planteada la exigencia de que todos los partidos políticos y alianzas, todas las candidaturas, señalen con transparencia los montos y fuentes, por millonarios que sean, de sus recursos para la campaña electoral. De hecho, así está previsto en la Ley de Organizaciones Políticas: todas las contribuciones y donaciones económicas a los partidos y candidatos deben registrarse detalladamente en una cuenta bancaria para fines de fiscalización.
Los requisitos de transparencia y acceso a la información van más lejos todavía en materia de recursos económicos en elecciones. Según el calendario aprobado por el TSE para los comicios de octubre, el 6 de junio las organizaciones políticas habilitadas presentaron sus estados financieros previos al inicio del proceso. Esa información es pública, pero aún no está disponible. Y hasta el 19 de diciembre deben presentar una rendición de cuentas documentada sobre sus recursos de campaña.
Dejando de lado el uso instrumental del tema para la disputa político-electoral entre el oficialismo y la oposición, y entre candidaturas del mismo campo opositor, es fundamental que el llamado “dinero en la política” no sea algo opaco ni tenga ninguna rendija para recursos de origen vinculante o ilícito. También es necesario cuidar condiciones de equidad con límites razonables de financiamiento. Y por supuesto, hay que insistir en la prohibición del uso de recursos públicos para fines de campaña electoral.
