A retazos, los principales partidos políticos y alianzas que participarán en las elecciones de octubre han empezado a informar acerca de sus previsiones de financiamiento para la campaña electoral. Surgen distintas cifras sobre los recursos que esperan obtener, así como variedad de fuentes posibles. Los datos ciertos se conocerán en diciembre para fines de fiscalización.
Hay un amplia discusión en términos conceptuales, de análisis comparado y normativos acerca del “dinero en la política” y, en especial, su influencia en procesos electorales. Se reflexiona principalmente en torno al financiamiento público, restricciones ante recursos de origen ilícito, algunos límites máximos, registro de recursos y el acceso a los medios de comunicación. Existe también importante experiencia en la región, con buenas prácticas, sobre mecanismos de transparencia y fiscalización.
En la democracia boliviana, luego de un fallido período de financiamiento público directo (1997-2008) y de una dudosa opción por la exclusividad del financiamiento privado (2008-2018), la Ley de Organizaciones Políticas estableció un innovador sistema mixto que combina financiamiento privado con restricciones y límites, y el llamado “fortalecimiento público” (que en rigor es financiamiento público indirecto). Este modelo, que prevé recursos para propaganda en medios, se estrenará en estos comicios.
El modelo de financiamiento viene acompañado de mecanismos para la gestión de recursos y la rendición de cuentas. De manera específica, la legislación electoral establece que las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones deben declarar sus balances de patrimonio y contables, así como sus fuentes de financiamiento, al momento de la convocatoria. Y deben presentar una rendición de cuentas documentada después de los comicios. Ambas actividades están incluidas en el calendario electoral.
En ese marco, ¿qué se conoce hasta ahora acerca del financiamiento de las principales organizaciones políticas? Hay cifras preliminares. CC espera contar con cerca de Bs 53 millones para su campaña. Bolivia Dice No habla de algo más de Bs 10 millones. Y el MAS estima un monto poco creíble de Bs 2 millones. Claro que una cosa es lo que se espera y declara, y otra distinta lo que efectivamente se recauda y gasta. A ello debe añadirse el fortalecimiento público para propaganda en medios.
¿Hasta cuánto dinero puede disponer un partido político para competir, con todas sus candidaturas, en un proceso electoral? Eso depende de su alcance territorial, su capacidad de movilización, sus contribuyentes. La norma solo establece un techo en la contratación de propaganda electoral en medios de comunicación. Y hay límites para las donaciones y aportes privados. El dinero en la política, ahora millonario, es demasiado importante como para dejarlo librado a la discrecionalidad y la penumbra.
