A tres meses de las elecciones generales, resulta arriesgado hacer pronósticos basados en sondeos y encuestas no siempre fiables. Pero hay algo que se huele y que es muy probable que las urnas confirmen: la candidatura Evo-Álvaro obtendrá menos votos que en anteriores oportunidades, especialmente en los ambientes citadinos.
Algunos pintan el cuadro actual en trazos gruesos como sigue: un tercio para el partido de gobierno (núcleo duro), otro para los opositores repartidos en varias candidaturas, y el tercio restante, indecisos e indiferentes. Si así fuera, corresponde averiguar las causas o por lo menos identificar las señales negativas que el llamado proceso de cambio ha emitido en los últimos tiempos para que esto ocurra. A continuación mencionamos aquellas que nos parecen las de mayor contundencia.
i) Obviamente el hueso más duro de roer es el de la re-re relección del binomio presidencial, prohibida expresamente en la Constitución y ratificada en el referéndum de 2016. No es poca cosa saltar ambos obstáculos con mecanismos legales de dudosa legitimidad; más aún si los líderes involucrados prometieron acatar los resultados, empeñando públicamente su palabra en tal sentido.
ii) Vinculado a lo anterior está la composición del Órgano Electoral que crea desconfianzas, agravadas por la renuncia de tres de sus más importantes vocales y la de varios funcionarios técnicos. Con razón o sin ella, esto da pie a la sospecha sobre posibles procedimientos fraudulentos.
iii) La corrupción, si bien no es exclusiva de autoridades oficialistas, afecta cada vez más al Gobierno por su magnitud y frecuencia. El tratamiento de los casos de corrupción aparece desigual, extremadamente duro para unos, y sugestivamente blando para otros. Además, no se hacen efectivos los mecanismos de transparencia, fiscalización y control social, los únicos capaces de enfrentar y por lo menos atenuar el fenómeno generalizado de la corruptela.
iv) Una parte de la ciudadanía, a partir de ejemplos de la vida real, supone que la re-re elección evitaría la adecuada investigación y sanción de los casos de corrupción; o sea, que muchas acciones ilícitas en virtud del continuismo quedarían en la impunidad.
v) El exceso de centralismo en la gestión pública debilita los espacios autonómicos de gobernaciones y municipios, y dificulta las acciones concertadas entre ellos y con el poder central para encarar problemas graves y urgentes. Peor aún, en ciertos casos, asambleístas departamentales y/o concejales oficialistas coordinan acciones con ministerios para hacer lo contrario, entrabar la gestión de autoridades electas de la oposición, si es posible hasta reventarlas.
vi) En una serie de acciones gubernamentales se perciben manifestaciones de ostentación y despilfarro. Hay dinero para todo, por eso “le metemos nomás”. No se aplican criterios sanos de austeridad y, frecuentemente, se mezclan y confunden típicas acciones proselitistas de propaganda con entregas de obras a veces insignificantes, que demandan costosas movilizaciones. Queda la apariencia, y a veces la certeza, de que la candidatura oficial está utilizando recursos públicos para su campaña.
vii) Decir una cosa y hacer otra muy diferente es incoherencia, con todas sus letras. Se podría señalar muchísimas fallas de ese tipo en la conducción gubernamental de los últimos años. Pero lo más grave es que los líderes suponen equivocadamente que la gente no se da cuenta de tales contradicciones.
La pregunta es si las señales negativas antes mencionadas podrán ser atenuadas con obvias señales positivas, que por cierto existen y podrían incrementarse. La votación del 20 de octubre lo dirá.
