El lunes, luego de semanas de reclamos de diversas instituciones por la aparente falta de reacción ante el creciente número de mujeres asesinadas en el país por hombres violentos y misóginos, el Gobierno, tras una reunión de su “gabinete de la mujer”, anunció una serie de “pactos” que deben ser encaminados en el corto plazo para cambiar el estado de cosas en esta materia. La tarea se anuncia titánica.
El decálogo de acciones presentado por el Presidente del Estado es la respuesta gubernamental a la demanda de declaración de “alerta nacional” por el número de feminicidios en el país, puesto que días antes el Vicepresidente había anunciado que era poco probable declarar tal emergencia, por cuanto serviría de poco; empero, algunas instituciones insistieron en que tal declaratoria contribuiría a movilizar recursos con más rapidez.
La Directora del Servicio Plurinacional de la Mujer aclaró que el plan tiene 10 pactos, que apuntan a materializar 22 acciones específicas, aunque no las precisó. Según el Primer Mandatario, “este decálogo declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”, e implica, como se ha sostenido en este y en muchos otros ámbitos de opinión, la participación activa de los diferentes niveles gubernamentales, tanto como las instituciones de la sociedad civil.
El primer punto del decálogo señala que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana, proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), vaya exclusivamente a la lucha contra la violencia. Una comisión analizará las cifras. La Viceministra de Igualdad de Oportunidades añadió que será un monto diferente al que se destina a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y a los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM)
El segundo punto es la prevención de violencia desde el sistema educativo, incluyendo la obligatoriedad de realizar una vez al mes, en todos los centros educativos, actividades relacionadas con la equidad de género y la lucha contra la violencia. El tercer punto establece trabajar con celeridad en los casos de feminicidios. Se espera que hasta fin de año se resuelvan todos los casos identificados hasta la fecha.
El cuarto, quinto y sexto punto están relacionados con la promoción de valores y la desnaturalización de la violencia desde las familias, instituciones públicas y otros; avanzando hacia una cultura de no violencia. Los puntos séptimo, octavo y noveno establecen pactos con alcaldías, gobernaciones, empresas y organizaciones sociales para luchar contra la violencia, tanto desde dentro como fuera de estas instituciones. Finalmente, el décimo se propone “estudiar la posibilidad de considerar al feminicidio como delito de lesa humanidad”, con la esperanza de llevar este debate al ámbito internacional.
La agenda está, pues, completa. Toca ahora que todas las partes involucradas, pero especialmente las instituciones del Órgano Ejecutivo, se pongan manos a la obra y sean capaces de mostrar resultados en el corto plazo.
