El lunes, un motín suscitado en una cárcel al norte de Brasil, en la ciudad de Altamira, se saldó con 57 fallecidos y decenas de heridos. Según detallaron las autoridades locales, la pelea entre dos grupos de poder desencadenó los disturbios, que alcanzaron ribetes de tragedia luego de que una de las facciones clausurara el recinto donde se encontraban sus rivales, no sin antes prenderle fuego a los colchones y a otros enseres, por lo que la mayoría de las víctimas murieron asfixiadas.
Además de recordarnos la tragedia que se suscitó en agosto de 2013 en el penal de Palmasola, cuando murieron 35 personas en circunstancias casi idénticas a las ocurridas en el país vecino, este incidente debería inducir a las autoridades a preguntarse si un siniestro similar podría volver a ocurrir en nuestro territorio. Y es que al igual que la cárcel brasileña de Altamira, la mayoría de los penales bolivianos están sobrepoblados. Esto debido a que, como se ha comentado en reiteradas oportunidades en este espacio, las autoridades judiciales del país están más preocupadas por llenar las cárceles antes que asegurarse de que nadie esté tras las rejas sin que realmente lo merezca, utilizando para ello de manera abusiva y en exceso la detención preventiva.
Además, en general se sabe que los guardias y administrativos de estos recintos no están preparados para enfrentar emergencias de este tipo, pues carecen de protocolos y sistemas de seguridad adecuados. Por ello, el infierno que se vivió el lunes en Brasil debiera ser leído por estos lados como un recordatorio de los riesgos implícitos de mantener un sistema carcelario con hacinamiento crónico.
