Nunca antes un incendio de bosques y pastizales había movilizado tanto aparato del Estado, bomberos voluntarios y activistas medioambientales como el que ahora lo hace la Chiquitanía. El triste fenómeno ha sido más visible ahora quizás por dos factores más allá del cambio climático, la sequedad de las áreas afectadas y su gravedad: la proximidad de las elecciones en el país y las redes sociales más activas.
Entre la primera alerta emitida desde San Ignacio de Velasco, el 22 de julio, hasta la declaratoria de zona de desastre por parte de la Gobernación de Santa Cruz, el 17 de agosto, la mayoría del país no se había enterado de tan grave incendio.
Cuando el 19 de agosto, dos días después de la declaratoria de desastre departamental, el presidente Evo Morales viajó a la zona afectada, las redes sociales comenzaron a incendiarse contra el Gobierno, y los partidos políticos de oposición hicieron también lo suyo.
Ahí, a 11 kilómetros de Roboré, aparecieron los candidatos de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa y Gustavo Pedraza en medio de las cenizas, de camisa y jeans. Con muchas críticas en las redes, por esa manera inoportuna de presentarse allí en medio de las tareas de salvaguarda de la Chiquitanía, los candidatos culparon del desastre a las políticas medioambientales del gobierno de Morales.
Mesa no había reparado aún lo que después fue la premisa de la oposición y los activistas, el Decreto 3973. Ni se había referido antes de su visita a Roboré a los incendios y sus secuelas.
En las redes sociales, políticos y activistas comenzaron a cuestionar la “complicidad” entre el Gobierno y los empresarios sobre la norma que establece la ampliación de la frontera agrícola. Un silencio raro cundía en el tercero de los candidatos, Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, y del líder político y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
Pero desde su fuerza política quisieron dar un golpe mediático la noche del sábado 24 de agosto, cuando después de dos jornadas de las descargas del Supertanker el secretario de la Gobernación, Roly Aguilera, salió ante la prensa a reclamar a la administración de Morales la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía. La petición fue muy bien secundada por un grupo de manifestantes en Roboré, que hicieron lo mismo.
Los incendios son una buena veta electoral. No por nada Mesa comenzó a atacar a Ortiz alegando que su alianza legislativa, Unidad Demócrata, respaldó las normas para la ampliación de la frontera agrícola, como también admitieron algunos legisladores de esa fuerza política.
Entretanto, la premisa de declaratoria de desastre nacional —que el Gobierno considera todavía innecesaria aunque en los hechos la aceptó— resulta estratégica en aras de restarle posibilidades electorales al oficialismo. Para contrarrestar el mal trago que implica negarse a la medida, Morales prefirió ir por más de dos días a la zona de desastre para ponerse overol y ayudar a las tareas de los bomberos. Resta saber si la acción pudo contener las críticas o convencer de sus acciones.
A menos de dos meses para las elecciones generales del 20 de octubre, todo cuenta, y los incendios en la Chiquitanía tendrán repercusiones en el voto.
En primera línea en las tareas de sofocación del fuego, el Gobierno pretenderá capitalizar sus acciones con vistas a su reelección, y sus contendores, a extremar esfuerzos por hacerle ver que aquél tiene la culpa de todo lo que ahora preocupa a los bolivianos, moviliza a los activistas y enciende a los opositores.
* Periodista.
