La puesta en venta de los primeros coches eléctricos hechos en Bolivia, semanas atrás, acaparó la atención de la opinión pública. Pues esta noticia no solo daba cuenta de un salto cualitativo en la industria automotriz nacional (para alegría de todos los bolivianos), sino también la existencia de un vacío legal que impedía legalizar la circulación de vehículos bolivianos —paradójicamente— en territorio nacional. Esto porque hoy en día la póliza de importación de un vehículo constituye un requisito indispensable para obtener el certificado de propietario (RUAT), las placas de control y el SOAT. Documentos sin los cuales no se puede transitar.
Ante este absurdo burocrático, que no pasó desapercibido dentro y fuera del país, el Gobierno se comprometió a resolver este vacío legal cuanto antes. Una tarea más que necesaria, y no solamente para promover la industria automotriz nacional, sino también para cuidar el medio ambiente. Y es que, como bien se sabe, la polución generada por los motores a diésel y gasolina es uno de los principales responsables del calentamiento global. Además, está relacionada con una mayor incidencia de arteriosclerosis, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes y problemas en el desarrollo neuronal, según investigaciones difundidas por la OMS. De allí que la venta masiva de vehículos eléctricos constituye una necesidad ética, de salud y medioambiental de primer orden.
