El vertiginoso desenlace de los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en un escenario complejo y aún incierto acerca de la sucesión constitucional y la ruta electoral, generó un amplio debate, nacional e internacional, sobre si este acontecimiento constituye o no un golpe de Estado. Hay visiones diferentes al respecto.
En nuestra historia política desde la fundación de la República, el país se ha caracterizado en diferentes periodos por cuarteladas, revueltas y golpes de Estado. En la historia corta, sucesivos golpes de Estado y dictaduras militares precedieron el difícil camino de transición a la democracia. Así, recién desde octubre de 1982 las y los bolivianos adoptamos las urnas como la fuente de legitimidad de gobernantes y representantes. Desde entonces hemos avanzado mucho en el proceso de democratización.
En 37 años de vida democrática sin interrupciones tuvimos algunos episodios de crisis que derivaron en cambios presidenciales por vías democráticas y constitucionales. Así ocurrió con las elecciones adelantadas de 1985 tras la renuncia de Siles Zuazo, y en los sucesos del periodo 2003-2005 que condujeron a las renuncias de Sánchez de Lozada, primero, y de Mesa Gisbert, después. La dimisión de Morales el domingo pasado plantea diferentes elementos de análisis sobre sus causas y condiciones.
Tras las elecciones del 20 de octubre, la oposición cívico-política declaró un paro nacional indefinido en rechazo al “fraude monumental” y la exigencia de nuevas elecciones. Desde el oficialismo se asumió la victoria electoral del binomio del MAS en primera vuelta. La movilización llevó a un acelerado desenlace con hitos relevantes como el ultimátum para la renuncia del Presidente, un bien sincronizado motín policial, las “irregularidades” identificadas por la OEA y un pronunciamiento militar.
En tal escenario, hay quienes sostienen que la renuncia de Morales se debió a la movilización ciudadana por el fraude y se remonta al desconocimiento del resultado vinculante del referéndum del año 2016 sobre la reelección. Otros en cambio argumentan que se trata de un golpe de Estado por la interrupción abrupta del mandato constitucional del Presidente, la violencia para la dimisión forzada de ministros y la definitoria “sugerencia” del Alto Mando Militar, en traje de campaña, para que Evo renuncie.
A reserva de cómo sea calificado el hecho en nuestra historia democrática, la minoría opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una sesión sin quórum ni la presencia de la bancada mayoritaria del MAS, adoptó una salida impuesta. De manera veloz, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta del Estado. Este camino, que debió ser pactado, lejos de pacificar el país, prolongará el conflicto y el enfrentamiento en un país hoy bajo control militar.
