Lo que sucedió en Bolivia no era difícil de predecir. Un Gobierno estructurado sobre la figura de un presidente condicionado por el mesianismo y el populismo no puede tener un final agradable. A Bolivia le cuesta erigir instituciones políticas perdurables que prolonguen su vida democrática.
Desde la Revolución de 1952, cuando el Estado boliviano finalmente alcanzó madurez política y dotó identidad nacional a todos bolivianos, el Gobierno estuvo conformado por líderes políticos idealistas, conservadores, populistas, de centro-derecha, de centro-izquierda y recientemente indigenistas. Ninguno de estos presidentes produjo un proyecto político que solidifique instituciones políticas que garanticen la incertidumbre que provocan las crisis económicas, los descalabros que generan las rebeliones de la sociedad civil, el caos que crean los amotinamientos de las Fuerzas Armadas o el desmedro que causan los intereses económicos extranjeros y nacionales, incluyendo la manipulación de algunos políticos corruptos.
Hasta hoy, los líderes políticos bolivianos normalmente tuvieron la mirada puesta hacia la estabilidad y el crecimiento económico de corto plazo, pero raras veces se enfocaron en la construcción de un sistema político (preferiblemente una democracia participativa) que sobreviva a todas las adversidades políticas, económicas y sociales de una sociedad dividida no solamente por su entorno geográfico, sino también por rasgos étnicos de cambas y collas.
Inicialmente, el presidente Víctor Paz Estenssoro, en pleno albor de la Revolución nacional, instauró un proyecto de gobierno que deshizo más 50 años de regímenes oligárquicos que se dedicaron a velar por los intereses de los Barones del estaño (Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild). A Paz Estenssoro no le quedó otra opción que postergar la instalación de las bases de una institución política, y se inclinó por la nacionalización y la reforma agraria.
Los otros gobiernos revolucionarios prefirieron implementar políticas populistas para acallar a sus bases sociales.
Durante los setenta y parte de los ochenta, las dictaduras militares, especialmente la encabezada por Hugo Banzer Suárez, utilizaron las arcas del Estado como válvulas de escape de la acumulación del capital de Estados Unidos. El dinero prestado sirvió para crear un espejismo de desarrollo económico y dejar mal parada a la democracia. Las dictaduras militares nunca contemplaron instrumentar instituciones políticas perdurables.
Desde 1982 hasta la llegada de Evo Morales, en 2006, una secuela de gobernantes bolivianos produjo uno de los periodos más estables del país. Empero, en vez de afianzar las incipientes instituciones democráticas, prefirieron desmantelarlas, a través de alianzas políticas que fusionaron a radicales de la izquierda con extremistas de la derecha, exdictadores con exrevolucionarios, capitalistas con comunistas, religiosos con ateístas, indígenas con colonizadores.
A este periodo de coaliciones políticas extrañas los bolivianos le dieron el nombre de “democracia pactada”, la cual se convirtió en uno de los acicates políticos de Evo Morales para llegar al Gobierno. El otro acicate fue el neoliberalismo salvaje, que despojó al Estado y a la gente de sus bienes materiales durante más de 20 años de democracia pactada.
Así, Evo Morales tuvo en sus manos la institucionalidad del sistema de gobierno de Bolivia. Tuvo el apoyo de la clase media, de la izquierda, del centro-derecha y una gran multitud de indígenas bolivianos. Sin embargo, como todos sus antecesores, prefirió la mezquindad política, el mesianismo y el populismo.
Todas las grandes hazañas económicas que Morales obtuvo a lo largo de su gobierno se diluyeron cuando, obstinada y vergonzosamente, hizo a un lado la decisión del pueblo de negarle otra gestión presidencial en 2016, a través de un plebiscito convocado por su gobierno. Al presentarse como candidato este año, Morales le dio un tiro certero a las instituciones políticas del Estado boliviano.
Hoy, nuevamente los bolivianos empiezan desde cero para construir esa institucionalidad política. Su nueva presidenta, Jeanine Áñez, y sus próximos sucesores tienen una lucha contra el destino.
Humberto Caspa, Ph.D., es docente e investigador
en la Universidad Juan de Castellano de Colombia,
estuvo de visita en 2018 como profesor Eminente
en Columbus State University, Georgia (EEUU).
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