El 12 de noviembre venció el plazo previsto por la Organización de Estados Americanos (OEA) para entregar el informe del “análisis de integridad electoral” realizado a solicitud del Estado boliviano. Ya estamos en diciembre y dicho informe sobre las fallidas elecciones del 20 de octubre no llega, no está concluido o sencillamente no existe. La OEA de Almagro está obrando con absoluta irresponsabilidad en este caso.
El antecedente de la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los recientes comicios bolivianos es la declaración de su misión de observación electoral, el 21 de octubre, cuando sin esperar resultados oficiales y con apego a un “ejercicio estadístico” (sic), habló de un “cambio inexplicable de tendencia” y anunció recomendaciones “de cara a una segunda vuelta”, tal como exigía el principal candidato de la oposición. Con este apresurado posicionamiento político la OEA delineó claramente sus siguientes acciones.
La desgraciada e imperdonable decisión del TSE de suspender la difusión de resultados del TREP, operada por la exvocal Lucy Cruz, consagró la idea de un “fraude monumental”. Dicha narrativa se fue tejiendo desde mucho antes de la votación y se expresó como consigna en el paro indefinido impulsado por la dirigencia cívica y activistas de la oposición. Como fue advertido, no se reconocía ninguna posibilidad de triunfo en las urnas del “candidato ilegítimo”. La declaración de la OEA reforzó esa bandera.
En medio de la importante movilización ciudadana en las ciudades, la duda sobre si Evo Morales había ganado o no en primera vuelta se transformó, con multitud de tricolores, amenazas y oraciones, en la descalificación de todo el proceso y la exigencia de anulación de las elecciones. Con certeza sobre su victoria y mucha ingenuidad, el Gobierno solicitó a la OEA una auditoría a la votación, con énfasis en la revisión “acta por acta”. Así nació el mentado “análisis de integridad” con carácter vinculante.
La auditoría se inició el 31 de octubre con el arribo de 30 especialistas. Debían verificar en 10 días las actas electorales, la transmisión de resultados y el sistema de cómputo. La misión fue rechazada sin matices por la dirigencia cívica y los candidatos de oposición. El Gobierno apostó, mal y tarde, por esperar sus resultados. Mientras tanto, los cívicos dieron el siguiente paso: ultimátum para la renuncia del Presidente. Y se produjo el quiebre con un bien sincronizado motín policial.
De manera conveniente, la madrugada del 10 de noviembre apareció un informe de “hallazgos preliminares” que, tras revisar 894 actas seleccionadas (de un total de 34.555), concluyó que se encontraron “irregularidades”, recomendando otros comicios con nuevas autoridades electorales. Horas después, las Fuerzas Armadas “sugirieron” la renuncia presidencial. Lo que sigue es historia conocida, sujeta a debate e interpretación. Lo que falta, hasta hoy —y debemos exigirlo—, es el informe final de la OEA.
