Finalmente, en respuesta a una consulta formal, el Tribunal Constitucional otorgó vía libre al proyecto de Ley de Extensión de Mandato, enviado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. De ese modo se despejan dudas e incertidumbre sobre la situación de los órganos Ejecutivo y Legislativo desde el próximo 22 de enero, cuando se cumple el periodo de las autoridades nacionales.
Merced a esta ley, la Presidenta transitoria y los asambleístas nacionales continuarán en sus cargos hasta la posesión de las autoridades a ser electas el 3 de mayo. También se amplía el mandato de gobernantes, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales. Es una solución inédita pero necesaria para la estabilidad político-institucional del país.
La esperada decisión del TCP deja en el camino dos posiciones autoritarias e insostenibles planteadas por grupos radicales. La primera, desde la izquierda, niega la posibilidad de extensión de mandato, apostando por un escenario de vacío de poder a partir de la próxima semana. Ello derivaría en una situación de perplejidad y crisis, con probables hechos de violencia.
La segunda posición, desde la derecha (incluido un extraviado ex defensor del Pueblo), consiente la prórroga de mandato solo de la Presidenta, con exigencia de “cierre de la Asamblea”. Ello implicaría gobernar por decreto, como hacen los regímenes de facto. Ojalá que este 22 de enero nos encuentre, como país, más predispuestos al acercamiento que a la intimidación.
