Aunque fue una de las primeras promesas del Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, las auditorías a las empresas públicas no han podido ser ejecutadas hasta ahora. La autoridad asegura que hay obstáculos legales y falta de presupuesto para encargar el estudio de los estados financieros; la Contraloría afirma que ese trabajo debe hacerse en cada empresa.
El Ministro de Desarrollo Productivo afirmó en entrevista con este diario que actualmente están en preparación las convocatorias para contratar el servicio de auditoría para identificar el estado de situación técnica, operativa y administrativa de las 11 empresas que dependen de esa cartera de gobierno, a fin de “rentabilizarlas” y evitar que “signifiquen una carga para la economía boliviana”.
Según la autoridad, las auditorías servirán para conocer si las empresas “son o no rentables”. Y en caso de detectarse que no lo son, hay “muchas opciones” para corregir ese estado de cosas, incluyendo “alquilar, capitalizar con capital privado, vender o cerrar”. Es decir, una agenda que recuerda mucho a lo hecho en la década de 1990.
El ministro explicó que las “limitaciones” a su propósito están en la falta de recursos financieros para la tarea, pues el Presupuesto General del Estado, preparado y aprobado durante la anterior gestión gubernamental, no contempla este tipo de servicios, pero sobre todo a que la Contraloría impone restricciones a la contratación de estos trabajos, pues cada empresa cuenta con su respectiva unidad de auditoría interna.
Argumentó la autoridad que el marco normativo que impide las auditorías fue diseñado por el anterior gobierno para “encubrir sus malos manejos”. Sin embargo, en criterio de un economista consultado por La Razón, el problema no está en el marco normativo vigente ni en el presupuesto, sino en la falta de voluntad política de las autoridades interinas, pues un decreto supremo permitiría superar cualquier obstáculo.
El interés, tanto del ministro como del economista consultado, parece ser la identificación de señales de operación deficitaria en cualquiera de las empresas públicas, a fin de justificar mecanismos que hagan posible acabar con la capacidad productiva del Estado; pues, coherente con la ideología neoliberal, esa tarea corresponde exclusivamente al sector privado.
Lo que parece no haber considerado la autoridad es que, por un lado, las empresas del Estado no necesariamente deben regirse únicamente por el criterio de rentabilidad, como lo demuestra, en Bolivia y muchos otros países, el sistema de transporte público de pasajeros; y por otra, que es falso que solo por ser pública una empresa productiva está condenada al fracaso.
Mientras tanto, son frecuentes las noticias que dan cuenta de malos manejos, cuando no abierta corrupción, entre los administradores designados por el Gobierno de transición, lo que debería interpretarse como señal de la urgencia de controlar la actual gestión y no buscar razones para su fracaso en lo hecho en años anteriores. (16/03/2020)
