Con acciones incrementales que cada vez se revelan insuficientes, el Gobierno provisorio en Bolivia apuesta por una estrategia de contención ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19. Ello implica ampliar y radicalizar la cuarentena total para limitar los contagios, con acento en medidas punitivas y protagonismo de la fuerza pública. El resultado es todavía incierto.
Primero fue cuarentena parcial de 12 horas con horario laboral continuo, Bono Familia y algunas medidas tributarias y en servicios. No fue suficiente. Poco después se decretó cuarentena total por 14 días, sin jornada laboral presencial, restricciones para circular y la consigna “Quédate en casa”. Tampoco fue suficiente. Pese a que en ambos casos se privilegió una lógica prohibitiva y sancionatoria, quedó en evidencia el cumplimiento relativo de la cuarentena, con infractores en todo el país.
Entonces un nuevo decreto estableció medidas más estrictas para “hacer cumplir” el obligado aislamiento social, ampliado hasta el 15 de abril. Se establecieron más prohibiciones y una restricción peatonal según el número de carnet de identidad. Se adoptaron también importantes acciones como la canasta familiar (poco antes propuesta por el candidato presidencial del MAS) y el pago selectivo por parte del Estado de facturas de luz y agua. Y multas, claro, con muchos uniformados en las calles.
Estas medidas acumulativas, bajo la misma lógica de contención, asumen el supuesto de que la temible fase de “contagio comunitario” podrá atenuarse o dilatarse por vía de la cuarentena nacional y el cierre de fronteras. Igual parece evidente que más temprano que tarde tocará enfrentar una estrategia de mitigación ante el inevitable aumento de casos, como se observa en Santa Cruz (con la terrible previsión, en el pico de la epidemia, de 3.000 contagios y 300 muertos en el departamento, según la Gobernación).
Tres rasgos caracterizan estas acciones del Gobierno provisorio. El primero es el carácter unilateral de las medidas, con escasa coordinación con las entidades territoriales autónomas y ningún diálogo con actores relevantes como las organizaciones políticas (la mandataria anunció una reunión con los candidatos, que nunca fue convocada). El segundo es la poca información, con vocería dispersa y contradictoria, acerca de medidas concretas en materia sanitaria (hospitales, pruebas, ítems, equipamiento).
El tercer rasgo, preocupante, tiene que ver con el énfasis represivo en la gestión de la emergencia sanitaria. El mandato es “hacer cumplir” la cuarentena, para lo cual se pone en primera línea a policías y militares. Así, mientras la Presidenta-candidata propone ayuno, oración y arrepentimiento, su Ministro de Gobierno lanza amenazas y ofrece cárcel a diestra y siniestra. Sin acción educativa, concertadora, con legitimidad, de convencimiento, es probable que la cuarentena, otra vez, sea insuficiente.
