En el marco de la cuarentena total y extendida decretada por el Gobierno provisorio como estrategia de contención ante la pandemia del coronavirus Covid-19, el TSE dejó en suspenso las actividades del calendario electoral. Y preparó un proyecto de ley para postergar la fecha de elecciones. Si bien el camino es razonable, lo crítico es que no fue concertado con todos los actores políticos relevantes.
Además de sus terribles efectos sanitarios, con alcance global, el Covid-19 trae consigo difíciles consecuencias sociales y económicas para gran parte de la población. En el caso de Bolivia, la pandemia y las acciones gubernamentales para enfrentarla inciden también en el escenario y en la agenda política. El efecto inmediato fue el congelamiento por casi un mes del calendario electoral, que en el mejor escenario podrá retomarse el 16 de abril. Ello implica la imposibilidad de votar el 3 de mayo.
Si bien todos los actores relevantes, incluidas las fuerzas políticas, asumen el hecho inevitable de la postergación de los comicios, existen criterios diferentes, como es natural, respecto a la nueva fecha de votación: mientras unos quieren que el tema se zanje lo antes posible, otros plantean esperar hasta que sea posible. En el fondo ambas miradas apuntan al mismo propósito de buscar un equilibrio para que las elecciones tengan todas las condiciones no solo técnicas, sino también de participación.
Por ello la ruta electoral, como hemos señalado en este espacio, debe ser resultado de un acuerdo nacional, sin exclusión de ninguna fuerza política. Cuando hablamos de ruta electoral estamos pensando no solo en las elecciones generales 2020, sino también en los comicios subnacionales, que quedarían postergados hasta el primer semestre del próximo año. No es un dato menor en un contexto de crisis institucional, polarización e incertidumbre, hoy acentuado por la emergencia sanitaria, que apenas comienza.
En ese horizonte, sin acuerdo con todas las fuerzas políticas, el TSE mandó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que plantea un “rango de fechas” para realizar la votación, entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. La decisión del día quedaría en manos del propio TSE en función a consideraciones técnicas sobre la evolución de la pandemia. El MAS considera que la decisión no debe darse en medio de la emergencia sanitaria, y que la fecha debe definirse por consenso para votar “lo antes posible”.
Más allá de hasta cuándo se posterguen las elecciones, y lo que ello implica en términos de prorrogar el mandato de una presidenta-candidata cuya legitimidad no proviene de las urnas, es evidente que todos los actores políticos están fijando sus posicionamientos con arreglo al cálculo estratégico. ¿A quién beneficia o perjudica prolongar el paréntesis electoral? ¿Cómo saldrá el Gobierno provisorio, si acaso, de la crisis integral provocada por la pandemia? No lo sabemos de cierto, lo suponemos.
