Hace una semana, vecinos de la zona noreste de La Paz denunciaron que varias personas, aprovechando y a la vez desafiando la cuarentena que ha detenido casi toda actividad pública, estaban talando árboles en la zona Tangani, en Alto Achachicala y en Alto La Merced. Para esos vecinos, es evidente que se trata de los primeros pasos para habilitar terrenos en aquellos lugares para viviendas.
Apenas conocido este hecho, la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental de La Paz y la Subalcaldía Periférica anunciaron el inicio de una investigación sobre el derribo de árboles en tres zonas de ese macrodistrito. La Secretaria Municipal explicó que había tomado conocimiento de esta denuncia a través de publicaciones en las redes sociales y no del teléfono 114, destinado específicamente para recibir este tipo de alertas, y desde donde se activa un “protocolo para la atención de árboles en riesgo”.
Días después, un operativo encabezado por el subalcalde del Macrodistrito Periférica y un concejal municipal constató la existencia de un asentamiento irregular en 140 hectáreas en una área forestal de la municipalidad en la zona de Tangani, donde se han levantado viviendas precarias, que tendrían que ser demolidas si los dueños no acreditan la propiedad del terreno.
La Secretaria de Gestión Ambiental anunció que, luego del operativo, acordaron con la Policía realizar patrullajes para preservar el área forestal. Además, las autoridades se reunirán cada 15 días para evaluar sus resultados. Es posible, sin embargo, que 15 días sean suficientes para que los bien organizados loteadores terminen su tarea y dejen familias, a menudo engañadas, con la tarea de afrontar el rigor de la ley.
El día del operativo, llamó la atención que las autoridades municipales no hubiesen inspeccionado específicamente al sector Alto La Merced A1, donde se habría suscitado la tala de árboles, según la denuncia. Una de las vecinas explicó que no es la primera vez que denuncian movimientos ilegales, pero que sus alertas no son tomadas en cuenta, “supuestamente porque no tenemos personería jurídica”. También informó que habiendo una orden para demoler construcciones ilegales, la subalcaldía no lo hace porque no tienen “palas ni picotas”.
Se trata de una de las muchas amenazas que se ciernen no solo a la propiedad municipal, permanentemente asediada por personas codiciosas dispuestas a apropiarse de bienes públicos, sino también contra la seguridad de quienes creyendo hacer un buen negocio compran minúsculos terrenos a precios sorprendentes y luego ven desaparecer su inversión detrás de la maquinaria municipal.
Es difícil señalar el curso que tomará la defensa de estas áreas verdes, habida cuenta la enorme restricción a las actividades públicas y la emergencia que consume la mayor parte de los recursos disponibles. Sin embargo, dejar que los loteamientos continúen significa tener más problemas en el mediano plazo.
