Durante las últimas semanas, la problemática de los bolivianos migrantes varados en la frontera con Chile ha llamado la atención de la comunidad internacional. En Bolivia se continúa cuestionando, censurando y estigmatizando a estos connacionales, con una mirada prejuiciosa y desmedida sin conocer su realidad, ni su situación migratoria en el vecino país.
Primero, se debe tener una noción clara sobre el aporte de la comunidad boliviana que radica en Chile. Según datos del Banco Central, estos migrantes envían cada año remesas por un valor cercano a los $us 130 millones. Se trata del tercer monto de este tipo en favor del país, después de España y Estados Unidos. En Chile viven 120.103 bolivianos, según datos del Departamento de Extranjería de aquel país, y el 70% de ellos trabaja en el norte chileno.
La pandemia ha impulsado el retorno masivo de estos compatriotas procedentes de Chile, el tercer país de América Latina con más casos de COVID-19. La crisis sanitaria ha paralizado el sector productivo chileno. Razón por la cual, los bolivianos que trabajaban de forma temporal o de manera informal quedaron desempleados y sin recursos económicos para sustentarse en un país cuyo costo de vida es muy elevado. Esta situación de vulnerabilidad, sumada al temor de afrontar la pandemia lejos de sus familiares, motivó su retorno a Bolivia.
En el municipio chileno de Colchane, en la frontera con Bolivia, había muchos niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, quienes tuvieron que dormir a la intemperie durante varios días, soportando hambre y temperaturas bajo cero grados. Así lo manifestó la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile de Tarapacá, Lorena de Ferrari. “A juicio nuestro, estamos frente a una crisis humanitaria de personas que no han recibido ningún tipo de ayuda”, señaló la autoridad. A su vez, aquellos compatriotas lamentaron que el consulado de Bolivia no les haya brindado apoyo ni protección, conforme indica la Ley de Servicio Exterior de Bolivia 465. El gesto humanitario del alcalde chileno aminoró en algo esta tragedia humanitaria.
Con Chile se comparte una vasta frontera de 861 kilómetros. Si bien es cierto que los bolivianos varados en el exterior aún esperan la respuesta del Estado para cumplir los protocolos sanitarios de ingreso y la correspondiente cuarentena, existen riesgos si se prolonga el cierre de las fronteras, como bien ha advertido portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, Joel Millman, al alertar que el cierre de frontera incita a la habilitación y el empleo de “cruces clandestinos”. Lo cual pude “tener un impacto mayor que una migración regular y ordenada en estos momentos en todos los países”.
Por otro lado, se conoce que el paso fronterizo de Tambo Quemado está habilitado para el ingreso de carga internacional, y que en el transcurso de una semana ingresaron al menos 1.000 camiones procedentes de Arica. Seguramente esos 1.000 conductores siguieron un protocolo y entraron en cuarentena. Entonces se debería aplicar este mismo trato a los migrantes que buscan cruzar el paso fronterizo Pisiga – Colchane. ¿O será que un contenedor de carga vale más que una vida humana? El Gobierno transitorio no puede continuar con esta indolencia, y seguir politizando la crisis humanitaria que se vive en la frontera. Se debería limita a cumplir lo que establece el Art 21 de la Constitución Política, la Ley de Migración 370 y el protocolo sanitario para enfrentar la actual pandemia. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya se pronunció al respecto, instando a todos los gobiernos a que dejen ingresar a sus ciudadanos, conforme al mandato establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Actualmente se tienen solicitudes de retorno desde México, Alemania, Argentina, Brasil, etc.
Esteban Elmer Catarina Mamani, ingeniero mecánico, especialista en finanzas internacionales.
