La crisis sanitaria mundial y sus repercusiones económicas, políticas y geopolíticas no tienen parangón histórico, puesto que se trata del primer desastre que pone a prueba el orden internacional de la globalización, sistema que a la postre no logró establecerse en verdad. Los damnificados de la actual crisis podrían ser mayores que los de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, y existen además fundadas dudas sobre el carácter y la configuración que adoptará el orden internacional después de esta crisis.
En Bolivia, la situación parece todavía menos letal que en el vecindario suramericano. Lo que preocupa, sin embargo, es la falta de información sobre las medidas destinadas a fortalecer las capacidades del sistema de salud en todos sus niveles y componentes. En una circunstancia como la presente, se requiere una eficaz distribución de responsabilidades entre las directrices y lineamientos establecidos en el nivel nacional y la ejecución correspondiente en los niveles departamentales y municipales.
Como es sabido, en el pasado, la descentralización de competencias no fue acompañada de la respectiva descentralización de recursos presupuestarios; motivo por el cual las capacidades institucionales en materia de salud están muy desigualmente repartidas en el país. El momento no es, sin embargo, para presentar quejas y reclamos al pasado. Se requiere, en cambio, una estrategia integral de lucha contra la propagación de la pandemia, formulada a nivel nacional y ejecutada en los niveles subnacionales, tomando en cuenta de manera eficaz y transparente los principios de equidad y solidaridad, de acuerdo con la evolución de los respectivos indicadores de infecciones, atención hospitalaria intensiva y defunciones, en cotejo con la verdadera capacidad instalada en cada caso. Se trata de un primer ámbito de coordinación y concertación dentro del sistema estatal, que resulta imprescindible en esta etapa de propagación de la epidemia, que no ha alcanzado todavía su punto más alto.
Un segundo ámbito que requiere concertación consiste en la atención equitativa y oportuna que se preste a las repercusiones que traen aparejadas las restricciones sanitarias en el ámbito económico. En este caso, el abanico de problemas es complejo debido a la estructura segmentada y asimétrica del aparato productivo, la informalidad del empleo y la desigualdad de los ingresos en los diferentes compartimientos de la economía, incluyendo los sectores que operan en la ilegalidad. Un enfoque pragmático y transparente podría ayudar en este ámbito.
El tercer ámbito de concertación es el político. En este caso es preciso superar la falsa idea de que la campaña electoral apenas está entre paréntesis, y que será retomada inmediatamente después de que las cosas regresen a la “normalidad” del pasado. Debería estar claro que la crisis sanitaria y los descalabros económicos que está provocando no significan un simple paréntesis en la disputa política del país. Cuando ocurran las próximas elecciones, muy probablemente a mitad del segundo semestre de este año, las circunstancias serán radicalmente diferentes de las que había a comienzos del año en términos del sistema político y sus instituciones.
Si esto es así, convendría que la necesaria suma de esfuerzos del estamento político comience con la decisión simultánea de todos los partidos de suspender sus actividades proselitistas o de desacato militante de la cuarentena, para concertar una gestión nacional y compartida de las diferentes crisis que se han instalado en el país. La preparación y convocatoria de algo semejante no ocurre, por supuesto, sin un proceso previo de consultas y acuerdos preliminares, el cual no se realiza obviamente en los medios de comunicación ni en las redes sociales.
Horst Grebe López, economista.
