Cruzar las calles desoladas de la ciudad, ya es un trauma. Recorrerlas solo para llegar al hospital o a la farmacia, la pesadilla. Vivir ausente de un ser querido, un paréntesis difícil. Y pasar días de hambre sin saber qué comer mañana, ni contarlo.
Esos traumas están calando las emociones, y los suplicios personales coincidieron con esta tempestad planetaria. A más de un mes de la cuarentena por la propagación del nuevo coronavirus en el país, otros traumas sacuden a la gente.
El solo hablar de coronavirus causa temor, aunque los mitos sobre él impulsan también descuidos y eventuales contagios. De terror, a pesar de que en adelante el virus convivirá con la humanidad.
La pandemia sorprendió al país y al Gobierno, que estaban encaminados en las elecciones frustradas del 3 de mayo. Bien para el poder de turno, que de pretender quedarse hasta enero ahora lo hará por tiempo indefinido.
Sorprendió al Gobierno, que en vez de generar empatía con el afán de frenar el COVID-19 ha causado temor con la incursión de las fuerzas coercitivas del Estado, apenas libradas de la represión de noviembre que terminó con una treintena de muertos en Sacaba y Senkata.
Disciplinada o no la ciudadanía, el cumplimiento de las restricciones no funciona sino con el control policial y militar. Y la amenaza permanente de cárcel por delitos de sedición y delitos contra la salud pública, especialmente expresada por el ministro Arturo Murillo.
O la conminatoria del ministro Iván Arias al Alcalde de Cajuata a resolver las deficiencias en la gestión dela emergencia si no quiere éste pasar años sin ver el sol.
En ese estado de cosas, y sin pretender librar de culpa a ebrios o malhechores, no son casuales las 113 sentencias por delitos contra la salud pública comunicadas ayer por el Ministerio Público en La Paz.
Las 67 aprehensiones por sedición y desestabilización derivadas de un inédito ciberpatrullaje ya rayan en el abuso de poder y la amenaza a la libertad de expresión, como advirtió preocupada la organización no gubernamental Human Rights Watch, que cuestionó el Decreto Supremo 4200, por arrogar el poder de calificar qué es información correcta o no a las autoridades del Gobierno.
Un considerado “guerrero digital”, como se llamaba a gestores de redes sociales del gobierno pasado, fue enviado a la cárcel de Palmasola con ese argumento, además de ser presentado como un vil delincuente.
La intervención de los servicios departamentales de Salud (Sedes) de Cochabamba y La Paz es otro de los abusos denunciados contrala autonomías. O la exigencia del Gobierno de destitución de funcionarios del Sedes de Chuquisaca.
O la estigmatización de residentes bolivianos en Chile de vuelta tortuosa al país, como lo hizo el director de Migración, Marcel Rivas. Sin contar las dos sentencias contra dos de ellos por delitos contra la salud y el dislate del ministro Álvaro Coímbra, que al buscar vínculos de la columna de connacionales con el Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo que el Alcalde de Wara, en Chile, es masista.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya se había expresado sobre este punto en sentido de permitir a los Estados el ingreso de compatriotas y acaba de pedir a los Estados respetar el estado derecho limitando en el tiempo las restricciones por la emergencia sanitaria para evitar un “desastre” para los derechos humanos.
Hasta el limitar las pruebas de COVID-19 a solo “sospechosos con sintomatología activa” causa terror debido que implica omisión del control de asintomáticos de coronavirus que pueden resultar portadores de contagios masivos de la pandemia.
Al contrario, el Gobierno mostró señales muy fuertes al impulsar la fe religiosa en la atención de la emergencia sanitaria.
De los mensajes por la cuarentena, los bonos o los programas de auxilio a las empresas que terminan siempre con un “Dios bendiga a Bolivia”, la presidenta Jeanine Áñez pasó a promover “bendiciones” a las ciudades en helicóptero y ayuno y oración, como pidió para este martes.
Siendo el Estado laico, hacer manifestaciones religiosas, y católicas, resulta muy potable para quien dirigiendo la lucha contra el coronavirus es también candidata presidencial de unas elecciones postergadas sin fecha.
Aun así, la gestión de la emergencia sanitaria en el país ha desnudado un grave rasgo autoritario en el Gobierno, que pone en riesgo las libertades ciudadanas. Ahí Dios resulta una excusa de doble rasero.
Rubén Atahuichi es periodista
