De acuerdo con un informe de IDEA Internacional, entre elecciones primarias, locales, nacionales, legislativas y referendos, se han pospuesto 55 procesos electorales en todo el mundo, 13 en nuestro continente. Por otro lado, entre marzo y abril se han impulsado 26 procesos electorales en el mundo, respetando sus calendarios. De este total, cinco elecciones fueron realizadas en el continente, primarias en Estados Unidos principalmente y unos comicios en República Dominicana.
Cuando a Bolivia llegó la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, acá ya se lidiaba con una crisis política, producto de los sucesos de noviembre del año pasado. Lo cual no solo ha complejizado al extremo la gestión gubernamental realizada para enfrentar la pandemia, sino que también ha generado mayor tensión en torno a la realización de las pendientes elecciones. Es decir que ambas crisis se están afectando mutuamente, empeorándose.
Es importante enfatizar que Bolivia no es el único país que debía organizar un proceso electoral durante esta pandemia, pero sí depende de su exitosa ejecución para encaminarse hacia la resolución de una crisis política. En el debate electoral global varios aspectos se discuten para evitar “detener” los procesos eleccionarios, a sabiendas de que, tarde o temprano, deberemos aprender a convivir con el COVID-19. Uno de los aspectos indiscutibles en este debate global es la inserción de un nuevo actor para la toma de decisiones: el sistema de salud. Sin este criterio, será imposible determinar los riesgos sanitarios que conllevaría retomar la realización de un evento electoral mientras dure la pandemia.
En el caso de Bolivia, no contamos con escenarios prospectivos oficiales sobre el desarrollo de la pandemia y las consecuentes medidas para combatirla. De hecho, la información pública es uno de los mayores problemas que enfrenta el Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria. Contamos con las proyecciones realizadas por universidades extranjeras e insumos provenientes de la OPS y la OMS. Dado el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas en la gestión de la pandemia en el país y sumándoles la virtud de que están por fuera del polarizado campo político, queda pensar que el acompañamiento de estas agencias será crucial al momento de establecer algunas luces en torno a la fecha de votación, además del proceso logístico que demanda “completar” el ciclo electoral rumbo a las elecciones generales.
A reserva de la propuesta de ley enviada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la norma aprobada por la Asamblea en esta materia y las acciones legales de personeros del Ejecutivo en torno a la fecha de las venideras elecciones, lo cierto es que la incertidumbre aún continúa, y seguro contendrá varios capítulos más hacia adelante. Ello establece un complejo escenario para el OEP, actor que tiene el mandato de llevar adelante un proceso electoral exitoso en medio de dos crisis, garantizando no solo la fiabilidad técnica del proceso y sus resultados, sino también novedosas medidas sanitarias para votantes y trabajadores/as electorales.
Como un camino casi quirúrgico, esto dependerá de recursos económicos, flexibilidad normativa, recursos tecnológicos y tiempo, factor que, como sabemos, está en contra. Es preciso que como ciudadanía entendamos esta complejidad, por fuera de la dicotomía MAS/Demócratas, actores que eventualmente deberán ceder sus posiciones para que arribemos a un buen puerto democrático.
Verónica Rocha, comunicadora social
