La encuesta de marras no cumple ni de lejos la normativa para la difusión de estudios de opinión
Entre diferentes estudios de opinión pública que circulan en grupos y redes sociales en medio de la cuarentena, se incluyen datos de intención de voto. Debido a que el calendario electoral para los comicios 2020 quedó en suspenso, están prohibidas actividades como la campaña o la difusión de encuestas. Es obvio y razonable que así sea, conforme a la normativa vigente.
Varios ejercicios, unos más serios que otros, buscan captar percepciones y juicios de la ciudadanía sobre diversos temas en el actual contexto de emergencia sanitaria y obligado confinamiento por el coronavirus SARS-CoV2. Más allá de sondeos sin ningún rigor metodológico ni representatividad, que abundan en las redes sociales, algunas empresas están realizando encuestas. Debido a restricciones como el distanciamiento social, estas consultas se hacen por internet y/o por teléfono. Es lo viable en este momento.
Contamos así con datos, siempre parciales (a beneficio de inventario), sobre cómo las personas consultadas ven el rumbo del país, su valoración de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno provisorio, expectativas sobre escenarios de crisis (política, social, económica), preocupaciones relevantes en el presente. Algunos estudios de opinión incluyen también preguntas sobre el incierto proceso electoral, las candidaturas y las preferencias de la ciudadanía. Los datos que circulan son más o menos curiosos.
Desde hace una década, con la Ley del Régimen Electoral Bolivia tiene una avanzada regulación para la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral. Se cuenta también con reglamentos elaborados por el TSE. El propósito es garantizar la seriedad de las empresas que hacen estos estudios, la transparencia sobre quiénes los encargan, mínimos técnicos en su elaboración, e información suficiente para la difusión en los medios. Se establecen también plazos para el efecto. Es un avance.
En el actual contexto de cuarentena, la prohibición de difundir encuestas de intención de voto es bastante clara y obvia. Pese a ello, hubo una reciente polémica debido a la insistencia del candidato vicepresidencial de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, por difundir datos de una encuesta (al parecer encargada por el Gobierno de la candidata-presidenta o afines). Doria Medina, quien sigue en campaña permanente, llegó incluso a cuestionar al TSE y a su presidente, lo que le valió críticas en las redes sociales.
La encuesta de marras se hizo por teléfono con una muestra de apenas 662 casos y márgenes de error de hasta el 9%. Es evidente que no cumple ni de lejos la normativa para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Que los actores políticos quieran aprovechar la pandemia como parte de su cálculo estratégico no implica que las leyes y reglamentos queden en suspenso. Por lo demás, es incoherente oponerse a que haya elecciones mientras se busca difundir datos de intención de voto.
