Generando amplio rechazo y multitud de críticas, el Gobierno provisorio aprobó un decreto que amplía el alcance de la penalización por difundir información. Ello constituye un serio atentado contra la libertad de expresión en el país. Diversos organismos se pronunciaron contra este decreto mordaza, que en resguardo del marco constitucional y la democracia debe ser abrogado.
El polémico antecedente, también cuestionado, es el Decreto Supremo 4200 (del 25 de marzo), que en torno a la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV2 estableció que las personas que “desinformen o generen incertidumbre a la población” (sic) serán denunciadas penalmente por supuestos delitos contra la salud pública. Con arreglo a esta inaceptable disposición, el Ministro de Gobierno informó, con opacidad, sobre la detención de 67 “actores políticos”, 37 de los cuales ya habían recibido condenas veloces.
Ahora el régimen de la candidata-presidenta Áñez fue más lejos. En una curiosa “disposición adicional única” adoptada en el Decreto 4231 (7 de mayo) se determina que serán pasibles a denuncias por delitos penales “quienes difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística” (sic). De ese modo, el Gobierno se reserva para sí la definición de qué mensajes, noticias u opiniones “generan incertidumbre en la población”. Así, hasta el arte puede ser objeto de penalización en Bolivia.
Diferentes organismos se pronunciaron contra el decreto mordaza. El relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, advirtió que “el uso del Derecho Penal para expresiones de interés público no es compatible con el sistema interamericano”. Entretanto, el director ejecutivo de Human Rigths Watch (HRW) acusó al Gobierno de “usar el COVID-19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”. Y en el país, asociaciones de prensa y de periodistas demandaron eliminar o modificar el decreto de marras.
Hemos señalado en este mismo espacio que el necesario estado de excepción derivado de la pandemia no implica, en ningún caso, la suspensión de derechos ni, menos, carta blanca para la adopción de normas, como los citados decretos, que avalen acciones gubernamentales de violencia, persecución política o penalización de la libertad de expresión. Es un exceso inaceptable.
Como señaló acertadamente el relator Edison Lanza, “la desinformación se combate con acceso a información pública”, no con mordaza. Solo en regímenes autoritarios o dictaduras se penalizan la información, la opinión y las expresiones artísticas con criterios discrecionales y arbitrarios. ¿Quién define que una información “genera incertidumbre”? ¿El policía que hace “ciberpatrullaje”? ¿Un fiscal, un juez? ¿El titular de Gobierno? Y no basta decir que los periodistas están exentos de la disposición, pues no sobra recordar que el derecho constitucional a la libertad de expresión es un derecho fundamental de la ciudadanía. Sin libertad de expresión, no hay democracia.
