En reacción a las críticas contra la gestión gubernamental expresadas por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el gobierno de Áñez acudió a la Iglesia Católica para pedirle ayuda, a fin de “generar un clima de diálogo y comprensión entre bolivianos”. La intención es buena, aunque resulta inviable mientras el Ejecutivo persista en su lógica punitiva y de confrontación.
En ocasión del Día del Periodista, el presidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas, planteó duros cuestionamientos. “Un Gobierno de transición que se preocupa demasiado por colocar a su gente en instituciones públicas no es de transición”, disparó el sacerdote, demandando “la verdad” detrás de medidas como los transgénicos o de hechos como el narcojet. “Tenemos que saber si a este Gobierno le interesa la vida. De discurso nos dicen que la vida es lo primero, pero por detrás no obran así”, remató Centellas.
Ante estas críticas de carácter ético planteadas en clave de sermón, el gobierno de la candidata-presidenta Áñez, a través del titular de la Presidencia, se acercó a la jerarquía católica con fines concretos. “Necesitamos la ayuda de la Iglesia para informar a sus feligreses y dar mensajes de tranquilidad para salir adelante en la lucha contra el coronavirus”, sostuvo el ministro Yerko Núñez. El propósito es generar un “clima de diálogo y comprensión”, para lo cual requiere la mediación de los prelados.
Si bien toda iniciativa orientada a buscar la paz social es saludable, en algunos contextos puede ser solo instrumental o de fachada. En el caso que nos ocupa, presumiendo la buena voluntad del Gobierno provisorio, preocupa que el discurso de base sea en lógica amigo/enemigo. En referencia a algunas protestas sociales contra la cuarentena, Núñez ataca directamente con profusión de acusaciones: “intentos vanos y penosos”, “sectores minoritarios”, “afán político”, “caos y convulsión social”, “llevar luto”.
¿Así pretende el Gobierno, con ayuda de la Iglesia, generar acercamiento entre bolivianos? ¿Se puede lograr un “clima de diálogo y comprensión” partiendo de un discurso descalificador y de confrontación? ¿Basta que los feligreses reciban “mensajes de tranquilidad” cuando hay acciones oficiales con carácter punitivo y persecutorio? Si queremos un diálogo en serio, conforme a principios de solidaridad y de justicia social, es imprescindible reconocer al otro como interlocutor válido, no como enemigo.
Más allá del reencuentro del régimen de Áñez con la cúpula católica, es fundamental insistir en dos principios. El primero es el carácter laico del Estado boliviano, por lo cual las políticas públicas son independientes de la religión. El segundo principio es que, en democracia, tanto el acuerdo como la disidencia deben ser canalizados por cauces pacíficos y constitucionales. No tiene sentido ofrecer “diálogo” mientras se amenaza con muerte “por el virus o la cárcel”. Ningún dios o fe lo aceptarían.
