La pandemia provocada por la enfermedad COVID-19 está teniendo una dimensión sin precedentes para la mayoría de los seres humanos. En todo el mundo, el brote se está llevando la vida y el sustento de miles de personas a medida que se afecta la economía, se sobrecargan los sistemas de salud, se cierran las fronteras, y las familias luchan para mantenerse saludables.
Los niños, niñas y adolescentes son sin duda un grupo fuertemente afectado por la pérdida de su ritmo de vida habitual, alterado por la cuarentena: no asisten a clases, no pueden ir a parques y lugares de esparcimiento, no hacen deporte y el visitar a sus familiares y amigos no solo es difícil, sino también insensato, especialmente porque la afectación sanitaria en los más pequeños está todavía descubriéndose.
Sobre lo difícil de vivir en este escenario, el Ministerio Público ha alertado que la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes se ha agravado durante la cuarentena. De los 1.743 casos registrados durante este periodo, 1.370 corresponden a delito de violencia familiar o doméstica y 94 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente. Esto se suma a los alarmantes datos de 24 infanticidios y 41 feminicidios ocurridos desde inicio de año.
Estas cifras confirman lo que ya han revelado numerosos estudios: el hogar puede ser el lugar más violento y peligroso para miles de niños, niñas y adolescentes bolivianos. El confinamiento obligatorio los ha puesto en una situación de aún mayor vulnerabilidad a manos de su propia familia y su entorno más cercano; es decir, de quienes deberían amarlos y protegerlos.
La pandemia ha afectado los servicios de protección de la mujer, niñez y adolescencia porque han visto limitada su capacidad de brindar respuesta y asistencia a las víctimas en el afán de evitar propagar el virus y con recursos limitados; y con el cierre de las escuelas y la limitación para acceder a servicios de salud, los profesores y personal de salud tienen menos posibilidades de identificar signos de maltrato y denunciarlos. El efecto es que muchos casos van a quedar en la impunidad y será muy difícil el restituir derechos de estos niños, niñas y adolescentes para que puedan acceder a la atención y apoyo que necesitan.
Aunque la mayor parte de los recursos del Estado, sociales, comunitarios e individuales estén ya centrados en responder a la emergencia, no podemos soslayar la responsabilidad de velar por la seguridad y protección de los niños, niñas y adolescentes. Esta responsabilidad esta, como nunca, en manos de los ciudadanos, de las familias, de los vecinos que deben dejar de naturalizar la violencia que ocurre casi frente a sus ojos.
No hay, ni habrá ley o política que baste para eliminar la violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres sin el compromiso de la población, de los progenitores en primer lugar y de todos quienes sean cercanos a la familia. Esto es especialmente importante en este ambiente de angustia e incertidumbre en la que vivimos todos. Un profesor o profesora tiene los elementos profesionales para detectar si un alumno es víctima, un vecino o un dueño de casa ven agresiones o escuchan un llanto, parientes o amigos perciben el cambio de comportamiento; todos podemos ser cuidadores y todos podemos crear un espacio seguro y de protección en el que no quepan el daño ni el abuso.
Es de vital importancia impedir que esta pandemia, ya terrible por sí misma, se convierta también en una crisis de protección de la infancia, niñez y adolescencia. A la hora de continuar o levantar el aislamiento físico, así como otras medidas de respuesta y esfuerzos de recuperación ante el COVID-19, se debe tener en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes y ofrecerles una sociedad respetuosa e inclusiva. Comenzando por cada uno de nosotros.
Rafael Ramírez, representante de UNICEF Bolivia.
