Como lo hicimos en anteriores y posteriores oportunidades, en 1987 y 1988, los trabajadores de la prensa libramos una exitosa batalla contra los resabios dictatoriales. Ocurrió que al senador banzerista Mario Rolón Anaya (quien, entre otras cosas, fue canciller de Luis García Meza) luego de una larga tramitación subrepticia hizo aprobar un proyecto de ley que a la letra decía: “Artículo único.- Los delitos previstos en la Ley de Imprenta de 10 de enero de 1925, serán tipificados de acuerdo al Código Penal vigente, y su trámite procesal se sujetará a las previsiones del Código de Procedimiento Penal”.
Todas las organizaciones del gremio periodístico, incluso algunos directores propietarios de medios de difusión, calificamos aquel proyecto como “Ley mordaza”. El semanario Aquí, dirigido entonces por Antonio Peredo y cuyo director-fundador (Luis Espinal) había sido torturado y asesinado en marzo de 1980 por los militares golpistas, fue el primero en dar la clarinada de alerta, en su edición del 24 de octubre de 1987: “El Senado aprobó un proyecto de ley que intenta derogar la Ley de Imprenta. Mario Rolón Anaya es el autor de este atentado (…) Si se aprueba la ‘Ley Mordaza’, nadie se atreverá a denunciar la corrupción y el negociado”.
A renglón seguido se realizaron diversos encuentros y conferencias de reflexión y análisis sobre el tema, y se emitieron pronunciamientos, artículos de opinión y editoriales. De un modo general, se admitía la que la Ley de Imprenta adolecía de ausencias notables y procedimientos difíciles de aplicar, pero en sus aspectos esenciales garantizaba el ejercicio de la libertad de expresión, no solo de los y las periodistas, sino también de la ciudadanía en general. Paralelamente tuvieron lugar manifestaciones callejeras cada vez más numerosas y combativas con presencia creciente de dirigentes de organizaciones sociales e incluso parlamentarios, tanto oficialistas como opositores.
El diario Presencia, cuyo director entonces era Armando Mariaca, anotó lo que viene ser una conclusión compartida: “No se trata de sostener que la Ley de 1925 sea ‘intocable’, sino de evitar que una forma precipitada, parcial y poco meditada coarte las libertades que la vieja norma consagra y garantiza”.
Como remate notable y exitoso de esas movilizaciones, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STP-LP, ahora federación) organizó un seminario sobre legislación en comunicación, que marcó las principales pautas sobre el tema, y dio lugar a sendas resoluciones del Senado y de la cámara de Diputados declarando plenamente vigente la Ley de Imprenta. A Rolón Anaya y a los proyectistas que lo apoyaban les salió el tiro por la culata. Los materiales de este importante evento fueron recogidos en el libro Ley de Imprenta contra Ley Mordaza, publicado a fines de 1988 por el STP-LP
En más de 30 años, la situación no ha cambiado, aunque no han faltado intentos por “modernizar” esta ya casi centenaria norma legal o, como ocurrió ahora, querer pasarla por encima no obstante que los principios que la sustentan están ya recogidos en la Constitución Política del Estado, como derechos a la información y la comunicación, y con los mecanismos de autoregulación de los propios periodistas.
La llamada Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 4231, emitido por el Gobierno “transitorio”, tenía la marca y el sello de los tiempos de dictadura. En esencia era, agravado, lo mismo que pretendía Rolón Anaya. Querían luz verde para seguir con sus campañas revanchistas y para ocultar las tropelías y desatinos que cometen a diario. No sin razón la Asociación Nacional de Periodistas y la Asociación de La Paz emitieron un pronunciamiento conjunto, rechazando “la penalización de la libertad de expresión”. Las demandas de todos los sectores, dentro y fuera del país, fueron en aumento y les obligaron a dar marcha atrás. Más le vale.
Carlos Soria Galvarro, periodista
