Sin coordinación previa, en un acto de intimidación, el comandante de las Fuerzas Armadas y sus camaradas se presentaron en traje de campaña en la Asamblea Legislativa para presionar sobre los ascensos en la institución militar. El uniformado llegó al extremo de fijar plazo y amenazar al primer órgano del poder público. Es un hecho inaceptable en un Estado de derecho.
El inciso 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece de manera inequívoca las atribuciones de la Cámara de Senadores: “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a general de Ejército, de la Fuerza Aérea, de División y de Brigada”. Lo propio en el caso de la Policía. No existe, pues, ninguna posibilidad de omisión, atajo o interpretación de esta atribución constitucional. A propuesta del Ejecutivo, para hacerse efectivos, los ascensos deben ser ratificados por el Senado.
El tema ya fue objeto de controversia la semana pasada cuando el Gobierno provisorio interpuso, y perdió, una acción de cumplimiento contra el presidente de la comisión legislativa correspondiente. El informe ya era de conocimiento de la presidenta del Senado, desde el 19 de marzo. Tenía observaciones y, por tanto, debe ser devuelto al Ejecutivo para que las subsane. Una vez subsanadas las observaciones, cuyo contenido no se conoce, corresponde el tratamiento de los ascensos en una sesión reservada.
Desconociendo el procedimiento constitucional, que involucra a dos órganos del Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, emitió una “orden” (que circuló en las redes sociales) convocando a un acto oficial para los ascensos, incluida la presencia de la presidenta Áñez. El acto fue suspendido y en su lugar Orellana y los suyos fueron a la Plaza Murillo con ultimátum para que el Senado ratifique los ascensos. En caso de una respuesta negativa, amenazó con proceder por su cuenta.
Asumiendo que en Bolivia vivimos en un Estado constitucional de derecho y en un régimen democrático, en el cual las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo vigente, la actitud del Gral. Orellana es sencillamente inaceptable. Es evidente que el Senado tiene la responsabilidad de considerar los ascensos, pero debe hacerlo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo el informe del Tribunal de Calificación, y no bajo intimidación. La próxima semana, cuando se cumpla el plazo militar, en caso de no haberse subsanado aún las observaciones planteadas en el informe y, por tanto, no haya ratificación del Senado, ¿el Alto Mando de las Fuerzas Armadas procederá de facto con los ascensos? “Merecemos respeto y lo vamos a exigir”, espetó Orellana en su intempestiva visita al Legislativo. Todo bien mientras tal “exigencia” se haga por los cauces institucionales correspondientes. La Constitución Política del Estado se respeta. Y lo vamos a exigir.
