Con certeza, las múltiples voces que expresamos emergencia en el sector artístico y cultural tenemos en el episodio endémico que estamos viviendo, la oportunidad extraordinaria de aunar criterios, expresar propuestas y concertar líneas clave de lo que debería ser una gestión pública de culturas en sus tres niveles de gobierno.
Vivimos una aguda crisis de la institucionalidad cultural, acrecentada los últimos años. En realidad, lo cultural en ningún momento formó parte de los contenidos de importancia en la gestión estatal en nuestro país. El Ministerio de Culturas se creó por primera vez en el 2009, luego de ser Instituto Nacional de Culturas, Secretaría y luego Viceministerio. Su estructuración y gestión, salvo algunas esporádicas iniciativas y programas, adoleció de un plan estratégico, no se enmarcó en planes participativos y menos, tuvo el apoyo determinante y decisivo de los decisores principales de turno.
Culturas fue una cartera de complemento en los equipos de gobierno en las diversas oportunidades de constitución de gabinetes, es así que evidenciamos que no es un tema de directa relación con la orientación política que viva el país, es una dimensión estructural de cómo las clases políticas conciben la incidencia e importancia de lo cultural en la estructuración societal. Culturas fue entendida con diversos énfasis, instancia de gestión de eventos, anexo de la industria de turismo, ámbito de promoción folklórica y todas las variables derivadas de las mismas, en ningún momento, como factor indispensable para rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo, ni considerando el ámbito de la cultura y la educación donde han de trabajarse nuevos modelos sociales y políticos.
La única instancia que generó un proceso creciente de estructuración de la cartera de Culturas fue la Secretaría Municipal del rubro en La Paz. El municipio posterior a jornadas culturales participativas, instaló y abrió un proceso, en conjunto con instancias de sociedad civil, para trabajar y posteriormente aprobar una Ley Municipal de Culturas, a la vez que, acrecentando su presupuesto en cada sucesiva gestión, dispone de un plan en comunicación directa con artistas, gestores y espacios culturales que trascienden el ámbito local.
Desde la acción ciudadana fueron diversos los momentos de propuesta estructurada para el sector, entre las más importantes recordamos las acciones y el manifiesto del movimiento: “Seguir sembrando, seguir soñando” en 1997, el primer congreso latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en 2013, Propuestas de Ley Marco Nacional de Culturas trabajadas desde Telartes, red nacional de gestores y artistas, entregadas a las autoridades correspondientes en tres gestiones del Ministerio de Culturas entre 2013 y 2016, dos versiones del Congreso de Culturas en Movimiento 2014 y 2015, que ajustaron y refrendaron la propuesta de Ley, Congreso del sector de cine y audiovisuales que impulsaron la Ley de Cine, vigente desde 2019.
Todas estas acciones no lograron modificar la situación del sector ante los criterios de la gestión pública estatal. Ayer se hizo notar, por ejemplo, que el presupuesto de Culturas alcanza solo el 0,03 % del PGE, cuando Bolivia suscribió el compromiso internacional de destinar mínimamente el 1% de su presupuesto para este rubro.
Hoy, en esta pausa, con diversas y urgentes peticiones de apoyo y medidas de fortalecimiento de trabajadoras y trabajadores de las culturas, teatro, cine, danza, espacios culturales y otros rubros que sentimos la crisis de recursos ante la imposibilidad de ejercer nuestro trabajo y frente a la inoperancia de las instancias culturales para resolver esta emergencia, consideramos que debemos centrar la demanda a las instancias ejecutivas y legislativas transitorias del país en generar un Fondo Especial de Emergencia Extraordinario para todo el sector, a ser ejecutado bajo un plan concertado y participativo.
Paralelamente, con premura, aprovechar el impulso de reflexión y debate participativo en todo el sector para autoconvocarnos a un foro, conferencia, congreso o lo que se quiera llamar, a niveles locales y nacional, para trazar, los ejes fundamentales de lo que debería ser y hacer la gestión pública futura y que ratifique, el mínimo del 1% del PGE para culturas, sobre un plan estratégico concertado, representativo y democrático.
Juan Espinoza Del Villar
es gestor cultural
