Según lo acordado, tanto la Asamblea Legislativa, mediante ley, como el TSE, con una resolución de Sala Plena, formalizarán la fecha del 6 de septiembre para los comicios generales. Se preserva así el ejercicio del derecho constitucional a elegir. Y se lo hace con el compromiso de garantizar un proceso con “solidez técnica, imparcialidad política y protección de la salud”.
La suspensión de las elecciones convocadas para el 3 de mayo se hizo con aceptación de la ciudadanía y de los actores políticos, dado el contexto de emergencia sanitaria y la cuarentena total decretada por el Gobierno provisorio. Pero consentir el aplazamiento de la jornada de votación no implica postergarla indefinidamente. Es claro que Bolivia necesita un gobierno con la legitimidad de las urnas, así como la renovación del Órgano Legislativo. Es un imperativo para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.
Superada la incertidumbre, aunque no el debate, sobre la fecha de los comicios, es fundamental la concurrencia de voluntades y esfuerzos para asegurar una elección segura y participativa. Además del TSE, se requiere que las instituciones y las fuerzas políticas estén a la altura de este complejo reto democrático. Ello no implica, en absoluto, descuidar o subordinar las medidas para cuidar la salud y la vida en la actual fase crítica de contagio comunitario del COVID-19. No hay dilema, sino complementariedad.
Algunos actores políticos y sus operadores mediáticos, que al parecer no quieren ir a las urnas (al menos no este año), están en campaña utilizando una falacia: elecciones o salud, derecho a elegir o derecho a la vida. Es un falso dilema. Se debe y se puede cuidar la salud contra el coronavirus al mismo tiempo que se cuida la democracia y sus garantías. Bolivia no es la excepción. Varios países tuvieron o tendrán procesos electorales este tiempo con arreglo a protocolos y buenas prácticas.
En esa “lógica” se cuestiona, por ejemplo, el requerimiento realizado por el TSE al Gobierno para disponer de presupuesto adicional, justamente para garantizar medidas sanitarias en los comicios. ¿Presupuesto para elecciones o para equipar hospitales? Otro falso dilema. No son prioridades excluyentes. En todo caso, si hubiese que elegir en materia presupuestaria, el equipamiento del sistema de salud pública es más urgente que destinar más de Bs 500 millones para la fuerza pública, en plena cuarentena.
El contexto de crisis, polarización e incertidumbre en el país, hoy agravado por la pandemia y sus efectos socioeconómicos, es demasiado complejo y delicado como para dejarlo librado al interés estratégico o el cálculo sobre la viabilidad de algunas candidaturas. Las y los bolivianos tenemos, al mismo tiempo, los derechos irrenunciables a la salud y a vivir en democracia con gobernantes y representantes electos. Las elecciones del 6 de septiembre son un paso necesario e impostergable en ese camino.
