La semana pasada, la Gobernación de La Paz fue escenario de un nuevo episodio de falta de coordinación entre las autoridades del Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. En este caso la pugna es no solo por la posesión del Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), sino por la distribución de cientos de ítems para personal de salud durante la pandemia.
No solo en La Paz se han producido este tipo de conflictos. Desde abril las desinteligencias entre el Gobierno transitorio y los gobiernos departamentales y municipales se han repetido una y otra vez; entonces, durante la gestión de Aníbal Cruz como ministro de Salud, se pretendió intervenir los Sedes de los nueve departamentos y ante la previsible oposición a esa medida se acordó tener un coordinador para cada departamento. Semanas después, su sucesor, hoy con detención preventiva en una clínica de la ciudad, destituyó a directores y presionó a autoridades departamentales para el cambio de autoridades en Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Potosí y La Paz.
Previsiblemente hubo resistencia. En La Paz, a inicios de mes el Gobernador decidió destituir al Director del Sedes nombrado por el Ministerio y posesionar a una persona de su confianza. El argumento fue que el destituido había vulnerado normas departamentales al coordinar solo con el Gobierno; la retaliación del exdirector consistió en denunciar ante la Asamblea Legislativa Departamental sobre irregularidades en el Sedes por la asignación de 261 ítems laborales para médicos mientras dure la pandemia.
En ese contexto, la Ministra de Salud amenazó la semana pasada con intervenir los Sedes de los departamentos de Bolivia si las autoridades a cargo de estas instancias incumplen normas en el combate contra el coronavirus. Se refería la autoridad al hecho de que son estas instancias de salud las que deben dotar de los implementos necesarios, como insumos de bioseguridad, a médicos, enfermeras y personal que trabaja en centros de salud y hospitales y cuya carencia es acremente reclamada a las autoridades nacionales por las propias organizaciones de médicos, por organizaciones de la sociedad civil y, previsiblemente, candidatos a la presidencia y sus partidos.
En todo caso, lo que se observa es una incapacidad de coordinar efectivamente las tareas que en el contexto actual son evidentemente más importantes: aquellas que tienen que ver con la respuesta del Estado a la contingencia del COVID-19, tarea que exige deponer filtros y trabas ideológicas en ambas partes en conflicto.
En momentos en que el país ha superado los 18.000 casos y que comienzan a incrementarse geométricamente en las ciudades que han flexibilizado la cuarentena vigente desde marzo último, es evidente que el Gobierno nacional tiene que hacer más y mejores esfuerzos para cumplir con su deber constitucional, con las promesas de la Presidenta interina y con la demanda de la población. Conflictuar con los gobiernos subnacionales no parece ser un buen camino.
