Pese a que un acuerdo político amplio, impulsado por el TSE con acompañamiento internacional, estableció el 6 de septiembre como fecha para las elecciones en Bolivia, persisten intentos orientados a postergar indefinidamente los comicios. Eso es muy crítico para la democracia. Y pone en riesgo la precaria pacificación conseguida tras los hechos de octubre y noviembre de 2019.
En el actual contexto de crisis, polarización e incertidumbre en el país, agravado por la pandemia del coronavirus, la definición de una fecha cierta para la votación es un importante factor de confianza y brinda certeza sobre la ruta electoral. En otras palabras: en un escenario de difícil transición, con un gobierno no electo y una Asamblea Legislativa que no expresa la actual correlación de fuerzas políticas, es altamente peligroso apostar por bloquear la elección con arreglo al cálculo político.
Es evidente, y no es un tema menor, que concurrir a las urnas en medio de una pandemia es muy complejo. Pero no hacerlo puede tener efectos más críticos para la gobernabilidad y para la convivencia social. En todo caso, queda claro que cuidar la salud y cuidar la democracia no son objetivos excluyentes, sino complementarios. Así lo entiende y asume el TSE, que como máxima autoridad en materia electoral en el país expresó su compromiso de garantizar un proceso en condiciones de bioseguridad.
Resulta fundamental pues cerrar el debate sobre la fecha de los comicios y concentrarnos como país en asegurar que el 6 de septiembre sea una jornada electoral segura y participativa. Así debieran entenderlo los dos actores políticos que todavía se resisten a ir a las urnas. Por un lado, el candidato de Creemos, que incluso plantea hacer una nueva convocatoria. Por otro, la Presidenta-candidata, de la alianza Juntos, que ahora se niega a promulgar la ley presentada por el TSE y aprobada en la Asamblea Legislativa.
Con relación al candidato Camacho, más allá de su razonable preocupación por la salud debido al incremento de contagios —en especial en el Oriente del país—, su acción está orientada no a postergar la elección, sino a bloquearla para cambiar las reglas conforme a su cálculo estratégico de votos (hoy escasos a su favor). En cuanto a la candidata-presidenta Áñez, y su entorno, parece claro que buscan ganar tiempo considerando los traspiés y cuestionamientos a su gestión de la emergencia sanitaria.
En los próximos días debe promulgarse la ley que define el 6 de septiembre como fecha de las elecciones 2020 en Bolivia. El mejor escenario es que la ley sea promulgada por el Ejecutivo. En medio del oscuro rumbo de la pandemia del coronavirus, y de la severa crisis socioeconómica resultante, el país necesita certezas al menos sobre la agenda político-electoral. Los bloqueos, presiones y amenazas pueden conducir a situaciones de violencia. En democracia las diferencias deben dirimirse en las urnas.
