El sábado 21 de marzo, el país comenzaba a preocuparse por el inicio de los contagios del nuevo coronavirus. Ese día era el último de la vida “normal” de los bolivianos, porque al día siguiente iba a comenzar la cuarentena. Ese día se reportaban 19 casos de contagios de COVID-19; ahora, con el reporte del lunes, suman 25.493.
Hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había suspendido el calendario con miras a las elecciones del 3 de mayo.
El país quedaba en inactividad con el propósito de evitar más contagios y salvar vidas frente a la pandemia que azota al mundo en proporciones catastróficas.
Suspendidas las elecciones, se creía que el gobierno de la presidenta-candidata Jeanine Áñez iba a dedicarse plenamente a la emergencia sanitaria.
A juzgar por la naturaleza de su origen, no ocurrió así. Entre las medidas para paliar la enfermedad, las sanciones atemorizaron a la población, de la que hubiera sido mejor esperar su empatía con el problema.
¿Qué marcó más esta dura cuarentena de más de tres meses en el país? ¿El encierro en casa, los bonos, la suspensión de viajes, el uso de barbijos o las sanciones a quienes violentaron las reglas?
Quizás muchas de esas sensaciones, limitaciones o acciones. Sin embargo, tres hechos resultan relevantes, que a la vez señalan la impronta del Gobierno.
La corrupción, las elecciones y la amenaza fueron típicas en algunas autoridades. En esto último, el abanderado es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que reparte amenazas a diestra y siniestra, y casi todos los días.
Por eso caminan a pie juntillas, guardan detención o fueron sentenciados desde personas particulares, “guerreros digitales”, autoridades o militantes políticos contrarios.
Amenazó con la ley a quien fuera director del Fondo Indígena Rafael Quispe por una reunión en plena cuarentena, pidió juicio para el alcalde José María Leyes por la compra supuestamente irregular de comida para policías y militares, protestó por que no metan “caca” en la cabeza de algunos policías hartados de tanta tarea dura en la primera línea de la emergencia sanitaria, procesó a decenas de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y lo último que dijo —con información falsa, porque los comunarios no tomaron Misicuni— lo mostró en su perfil autoritario: “Si tocan a un solo soldado o a un solo policía, después no se quejen de las consecuencias. Queremos mantener en paz la fiesta, queremos llegar a unas elecciones en paz”.
Las elecciones suspendidas y luego resistidas también fueron la marca del Gobierno. En sus mensajes, Áñez no deja su discurso electoral; siempre se refiere al pasado, su “herencia” y apunta constantemente de todos los males al gobierno de Evo Morales y al partido de éste, el MAS.
Sus colaboradores hacen lo mismo y hasta repiten el guion de los “dos caminos”, el de la unidad o sedición y terrorismo. En esto, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, hasta apuntó al alcalde de Colchane, en Chile, de ser del MAS.
Decenas de casos de corrupción se desataron en esta cuarentena, muchos de ellos por la compra de insumos o equipos. La compra de 170 respiradores españoles, cuyo sobreprecio fue calculado por el Ministerio Público en más de $us 3 millones, resulta un insulto para la emergencia. Comprados con la urgencia de la pandemia y descargados los equipos en el país, nunca comenzaron a funcionar. Por esto cayó el otrora ministro de Salud Marcelo Navajas y señalado el embajador Mohammed Mostajo, ahora de vuelta en Estados Unidos con el sospechoso argumento de haberlo hecho para retomar sus actividades.
La emergencia es incierta aún y las elecciones ya tienen fecha, quizás sean éstas la mejor oportunidad para hacer el escrutinio de un gobierno transitorio que comienza a resultar chico ante los grandes problemas.
Rubén Atahuichi
es periodista.
