La presencia del coronavirus en el país ha puesto en evidencia la fragilidad del Gobierno, la indolencia de una clase política y a una ciudadanía que definitivamente no está contribuyendo a ralentizar las cifras de contagio y muertes registradas a nivel nacional.
Estos actores nunca lograron comprender la verdadera magnitud de la escalada de contagios y decesos que va dejando a su paso el COVID-19. Desgraciadamente, también revela la ausencia de una administración gubernamental transparente e idónea en el uso de recursos para la gestión de la epidemia, cuyo resultado no necesariamente conduce a vislumbrar eficazmente buenas prácticas; una clase política enfrascada en antagonismos intrascendentes y superfluos que groseramente desnudan las miserias humanas.
Y, por último, una ciudadanía que, con su indocilidad a la hora de cumplir protocolos obligatorios, la utilización de barbijos y el distanciamiento social recomendados, contribuye peligrosamente a la propagación y contagio del virus. La construcción de imaginarios equívocos y malintencionados, sumados a la falta de voluntad de incorporar nuevas reglas de relacionamiento social y ritos convencionales —cual dogmas religiosos— de hábitos de higiene que exigen apelar en todo momento a la sensatez, conciencia, responsabilidad individual y colectiva, para protegernos los unos a los otros y así preservar la vida como el bien más preciado.
El desempeño del Gobierno en la gestión de la pandemia da cuenta de la ineficacia en la lucha contra el COVID-19, la improvisación y tardía reacción de alerta temprana que prioriza la inversión en equipamiento sanitario y médico; la lentitud en la selección y adopción de políticas públicas para afrontar la pandemia; el análisis incorrecto de mecanismos de cálculo y evaluación de la gestión política con los criterios sanitarios y epidemiológicos; la endeble coordinación con los distintos niveles de gobierno departamental y municipal, al igual que los efectos sociales y económicos negativos de la declaratoria de cuarentena nacional.
Por otra parte, la conducta de la clase política ante la emergencia sanitaria del coronavirus no ha sido la más acertada, pues han primado en ella las reyertas e incompatibilidades partidistas, los insufribles debates y el afán de promover “boicots mediáticos” a la gestión y atención del COVID-19 por parte de la Asamblea Legislativa controlada por el MAS. Dada su limitada lectura de la gravedad de la pandemia, tardíamente modificaron consignas equívocas acerca de la presencia del virus en el país.
De ahí que la crisis sanitaria permite aflorar egoísmos y mezquindades donde, al parecer, es más importante obstaculizar, criticar y perjudicar, lejos de contribuir, viabilizar y favorecer la ejecución de políticas de salubridad para afrontar la lucha contra el coronavirus. Cuán difícil se hace vislumbrar desprendimientos sinceros y honestos en aquella pléyade de legisladores que abanderan “retornos añorados” de un populismo decadente e ineficiente que funcionan a control remoto, siguiendo órdenes del nefasto caudillo cocalero refugiado en Argentina, cuyas acciones desestabilizadoras no tienen límites.
Respaldados en su mayoría parlamentaria, finalmente impusieron la realización de comicios generales para el 6 de septiembre sin contemplar criterios técnicos, logísticos y científicos respecto al comportamiento y proyección epidemiológica nacional que muestra que julio y agosto serán los meses con mayor cantidad de contagios, por lo que es de alto riesgo para la salud de la población realizar las elecciones fijadas en plena pandemia y que movilizará más de 6 millones de personas en un día.
No se trata de rehuir la necesidad urgente de celebrar comicios generales para elegir democráticamente a nuevas autoridades nacionales, resultantes de la voluntad del soberano para enfrentar la crisis política, económica, social y sanitaria. Sin embargo, resulta más importante preservar la salud y el bienestar de la población.
Marcelo Chinche Calizaya
es catedrático universitario e investigador.
