La primera actividad del calendario electoral habilitada para los comicios del 6 de septiembre fue la difusión de encuestas de intención de voto. Se levantó así el paréntesis establecido por el TSE el 21 de marzo, cuando el Gobierno provisorio decretó cuarentena total por el coronavirus. Ahora que se retomó el proceso con fecha cierta, es fundamental garantizar la calidad de las encuestas.
Como parte de las innovaciones normativas del sistema electoral boliviano, la Ley del Régimen Electoral incluyó hace una década un importante conjunto de reglas tanto para la elaboración como para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Antes de 2010, solo se regulaban plazos de publicación. La nueva normativa, reforzada técnicamente por sucesivos reglamentos del TSE, se estrenó en las elecciones judiciales de 2011. Y se aplicó con buen resultado en los comicios generales de 2014.
¿Por qué es necesaria e importante esta normativa, vigente también en otros países de la región? Primero, porque cuida la calidad en la elaboración de las encuestas, con arreglo a criterios técnicos mínimos, limitando su manipulación. Segundo, porque implica el registro documentado de las empresas responsables de hacer encuestas, con lo cual se evitan entidades “fantasmas”. Y tercero, porque se garantiza que en la difusión de datos electorales se incluya al menos la ficha técnica. No es poca cosa.
Hay un incipiente debate en el país acerca de la confiabilidad de las encuestas de intención de voto. Algunas encuestas preelectorales, cuando se hace una serie comparable en diferentes momentos, son valiosas en identificar tendencias en las preferencias electorales. Pero tienen límites y diferencias, a veces importantes, respecto al resultado de la votación. Ello ocurre, en especial, por los indecisos, la exclusión de votantes del área rural y la curiosa práctica de no ponderar los votos válidos.
Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables. En esa condición, son en sí mismas objeto de la agenda informativa y de opinión, así como herramientas para orientar las estrategias de las fuerzas políticas. Claro que algunos operadores mediáticos, pese a la normativa, usan instrumentalmente estos estudios para sus fines políticos.
¿Qué se espera en torno a los comicios del 6 de septiembre? Debido a la pandemia, la recolección de información se hará mediante encuestas telefónicas personales. Ello reduce más todavía su alcance. Será importante por ello la verificación técnica realizada por el TSE. Pero sin duda las próximas encuestas, luego de casi cuatro meses de ausencia de datos autorizados, mostrarán el impacto de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Y sin duda incidirán en sus posicionamientos estratégicos. Los datos importan.
