«La Ilíada» se inicia con una epidemia que azotó al campamento griego. Tras 10 años de asedio al pie de la muralla troyana, miles de soldados griegos morían, no a causa de la espada, sino de la peste. Los que sobrevivían, seguramente estaban confinados, temerosos, protegiéndose, tratando de no contagiarse. Obviamente, para los griegos no existía preguntas científicas: murciélago o pangolín, sino la culpa de esta enfermedad tenía una explicación divina: un castigo de Apolo. Esta alusión a la obra literaria de Homero permite extrapolar a la estrategia política usada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en el contexto de la crisis sanitaria.
Inicialmente, al gobierno de Áñez le tocó recorrer por una coyuntura política signada por un momento polarizante con un mandato inequívoco: las elecciones nacionales, pero, en ese transitar apareció repentinamente, a mitad de marzo, el COVID-19. Como toda crisis, también significaba para este gobierno una oportunidad, o sea, un desafío para su gestión. Pero, para ello se tenía dos senderos: la eficiencia o el desastre.
Si el Gobierno transitorio hubiera optado por el camino de la eficiencia habría sorteado la crisis sanitaria. Así, le hubiera servido para catapultarse como un gobierno eficiente, inclusive con posibilidades electorales. Pero, recorrer por este sendero significaba hacer las cosas bien: implementar rápidamente los instrumentos médicos necesarios, por ejemplo, los respiradores autonómicos; acabar con prontitud hospitales que estaban en construcción; tener los kits de laboratorio PCR para mejorar la capacidad de diagnóstico e identificar rápidamente a las personas infectadas con el COVID-19; en lo político, generar un consenso intergubernativo para enfrentar la pandemia e, incluso, establecer un gabinete de unidad nacional, empero, no lo hicieron. O sea, optaron por la otra salida: el desastre.
Al igual que los griegos se morían por la peste, pero estaban obsesivos en su guerra con los troyanos, el gobierno de Áñez apostó por el peor camino: el bélico. En rigor, la gestión biopolítica privilegió la vía autoritaria/represiva, la persecución a los adversarios políticos por sobre la vía sanitaria. Aprovechando que la mayoría de los bolivianos estaban encerrados en sus casas obedeciendo la cuarentena, el Gobierno estaba haciendo su propia guerra y sus negocios turbios con los respiradores que hoy sabemos son de vida o muerte.
Hoy Bolivia, entre los países latinoamericanos, tiene una de las tasas de letalidad (cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población) más altas y es uno de los países con más bajo índice en la realización de test masivos. Además, el colapso de los hospitales son indicadores innegables de la apuesta por el desastre, en este caso, sanitario.
Pero, esta desastrosa gestión sanitaria no solamente está poniendo en vilo la vida de los bolivianos, sino que en lo político está abortando el proyecto de restauración oligárquica, por lo menos, vía democrática. Desde una mirada política, esta estrategia por el desastre buscaría, por un lado, que la hecatombe sanitaria, al igual que los griegos desdeñaban la peste, continúe para tener el pretexto de salubridad y así dejar en suspenso la fecha de las elecciones para prorrogarse, entretanto escarbar una causal jurídica, a modo de buscar un caballo de Troya, para proscribir al Movimiento Al Socialismo (MAS) y, por otro lado, la autoritaria: la intervención de las fuerzas represivas en el campo político. Pero, esta vía sería la más desastrosa para la democracia.
Yuri Tórrez es sociólogo
