Este 28 de septiembre, como lo hacemos cada año, el movimiento de mujeres y los feminismos del mundo demandamos a los Estados garantizar el pleno derecho de decidir sobre nuestros cuerpos para asegurar la vida y la salud de las niñas y las mujeres.
Nuestra voz se amplió inundando las redes sociales de una marea verde, símbolo del derecho a decidir. Algunos grupos lograron burlar la cuarentena y realizaron plantones callejeros y marchas: las paceñas, cochabambinas y tarijeñas se autoconvocaron para protestar; las feministas cruceñas, en las tierras donde reinan los Camachos, el Comité Cívico y la Conferencia Episcopal, lograron realizar un plantón frente a la catedral. Y, como cada año, enfrentaron el odio y la doble moral de esta sociedad que pretende tutelar nuestros cuerpos.
Este año nuestra protesta se fortalece frente a un hecho desgarrador: el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) ha publicado que, entre enero a julio de 2020, en Bolivia se registraron 90 embarazos en niñas y adolescentes cada día, y de ellas, al menos 4 son menores de 15 años, la mayoría producto de violación. Solo en lo que va de este año de crisis sanitaria, y con las dificultades de acceder al sistema de salud, 19.233 niñas y jovencitas tendrán que decidir abortar en la clandestinidad o continuar con un embarazo no planificado. Por ello, los abortos inseguros y clandestinos ubican a Bolivia entre los países con las tasas más altas de muertes maternas en América Latina.
Desde la década del 70 en nuestro país el aborto es legal en caso de violación, si la salud de la mujer corre algún riesgo y si existe malformación fetal incompatible con la vida. A esto se suma que desde 2014 una sentencia constitucional eliminó el requisito de presentar autorización judicial para proceder con la interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, persisten prejuicios y desconocimiento de la norma que obstaculizan el ejercicio de este derecho. Este año, un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo revela que nueve de cada 10 prestadores en salud en 44 centros de salud en el ámbito nacional desconocen en qué casos procede la ILE.
Pero seamos claras. En Bolivia la interrupción del embarazo de manera clandestina es una práctica frecuente. En una investigación realizada en 2010 se pudo constatar que una de cada dos mujeres ha enfrentado un embarazo no deseado en su vida y más de una de cada 10 revela haberse realizado un aborto inducido incluso con riesgo de ir a la cárcel. Una mayor o menor inseguridad de esta práctica tiene relación directa con el privilegio de clase.
Así, mujeres de estratos económicos altos tienen recursos y acceso a información para someterse a un aborto en una clínica privada o acceder a un médico que le recete (y tal vez le venda) la mifepristona y el misoprostol. En cambio, son las mujeres de escasos recursos quienes se juegan la vida al intentar provocarse un aborto. Por ello, de acuerdo con el Estudio Nacional de Mortalidad Materna (2011), el 13% de las muertes maternas son causadas por el aborto. En este, como en muchos casos, el Estado boliviano continúa fallando a las mujeres como garante de derechos.
Por ello, cada 28 de septiembre, nos tendrán en las calles gritando hasta que todas las mujeres sepan que, en caso de violación o riesgo para su vida y su salud, pueden acceder a una interrupción legal de embarazo en un centro público de salud, sin miedo a morir o ir a la cárcel. Y seguiremos luchando por la ampliación de causales para salvar la vida de muchas mujeres que no quieren ser madres por no tener condiciones económicas, personales o afectivas.
Escribo esta columna en memoria de Sandra Aliaga. Nuestro homenaje a su vida es mantener la lucha por evitar más mujeres muertas o niñas obligadas a ser madres. ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!
*Es cientista social
(05/10/2020)
