El desconocimiento al resultado de un referéndum (21 de febrero de 2016), la habilitación forzada de Evo Morales a la repostulación presidencial a través del Tribunal Constitucional aduciendo candidatura como derecho humano y la conducta fraudulenta de vocales del Tribunal Supremo Electoral suspendiendo y rehabilitando arbitrariamente el conteo rápido no oficial —que no equivale a un fraude comprobado— dieron lugar al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, iniciado por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, gracias al precipitado pronunciamiento de la comisión de observadores de la OEA que cantaron “inexplicable cambio de tendencia en el escrutinio” cuando el TREP fue injustificadamente interrumpido y repuesto entre el 20 y el 21 de octubre.
Los autores del golpe son, por orden de actuación, detrás de Mesa, Luis Fernando Camacho, entonces al mando del Comité Cívico Pro Santa Cruz; los jefes policiales amotinados en las capitales de departamento; el Alto Mando Militar que le “sugirió” renunciar a Evo Morales a través del Gral. Williams Kaliman, comandante en Jefe; Jorge Quiroga junto con su abogado Luis Vásquez Villamor, coordinadores de acciones logístico jurídicas para que el depuesto presidente pudiera salir del país y Jeanine Áñez accediera a la silla por la vía de una sucesión que no le corresponde (artículos 169 y 170 de la Constitución Política); un poco más atrás, el senador de Demócratas Óscar Ortíz; el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y la participación injerencista de los embajadores de la Unión Europea, León de la Torre, y de la República Federativa del Brasil, Octavio Henrique Díaz, así como la de monseñor Eugenio Scarpellini (QDDG), en representación de la sacrosanta y siempre entrometida Iglesia católica, autonombrada para participar en asuntos terrenales de orden político.
Estos mismos actores saltaron al escenario electoral previsto para este 2020, con un candidato que presentaba síntomas de hipocondria, temeroso de salir de casa para hacer campaña cuando la pandemia lo permitía; el otro georeferenciandosé como nuevo libertador desde Santa Cruz de la Sierra, y en tercer lugar el heredero del dictador Banzer, nombrado en primera instancia embajador para explicarle a la comunidad internacional lo sucedido en Bolivia, para más tarde convertirse en candidato (Libre 21) que hizo de la adjetivación sin pausa contra el MAS y sus candidatos, su intento por trascender ese 1% de las encuestas que le aconsejaban que se bajara para que el papelón no fuera mayúsculo.
En el primer escenario, en aquél que pudieron haber acomodado las piezas desparramadas del rompecabezas, la comedia de equívocos dio inicio cuando Áñez decidió descaderar a quienes la hicieron presidenta, lanzándose a la candidatura de una alianza creada al vuelo —Juntos—, decisión cuestionada hasta por antiestética, en momentos en que el coronavirus se convertía en el dispositivo de control sanitario y psicológico del país, con patrullas de uniformados con trajes de camuflaje transitando las calles desiertas de las ciudades y el ministro de Gobierno, que se pasó el año entero amenazando y pronunciando ultimátums —hasta carcomer su ilegítima base de sustentación—, instruyendo investigaciones para perseguir a militantes y a expersoneros gubernamentales de la última administración masista. Y así llegamos, luego de tres diferimientos con olor a prorroguismo, al 18 de octubre que convirtió la demagógica frase de que un año atrás se había producido en Bolivia un fraude “monumental”, en una derrota como never in the life por la falta de lectura actualizada de lo que es hoy el país, a partir de la negación de ese sujeto histórico denominado indígena originario campesino, núcleo de imbatibilidad electoral, ahora sin Evo Morales en la papeleta.
Además de unos estrategas desangelados y miopes, hay que apuntar en el coro desafinado de activistas que creían saber cómo hacer para evitar el retorno del partido azul; al oportunista de Puebla, desempolvando sus archivos para recordarnos que alguna vez dijo que David Choquehuanca es un “buen tipo” y al redactor paraestatal de una burbuja digital que en lugar de denunciar internacionalmente el violentamiento y la interrupción de nuestro Estado de derecho, no tuvo mejor idea que jugar a persecutor mediático publicando fotos de algún colega “zurdo”, como diría Arturo Murillo, casi invitando al linchamiento: Esa es la estruendosa “independencia” periodística de quienes juegan con la ventaja de las bayonetas auspiciando sus palabras. Son tan culpables de este nuevo fracaso de la derecha, como los candidatos a los que alentaron.
En el contexto masista del pasado reciente, es bueno precisar que es el momento del no retorno de aquel ministro que torpedeó el nuevo Código Penal desde dentro porque no lo había hecho él, poniéndole palos a la rueda a sus compañeros asambleistas. Ni hablar de ese otro ministro saliente, que junto con su sustituta esperaban en plan emboscada en una vagoneta al dirigente del Chapare Andrónico Rodríguez en el aeropuerto de El Alto, con el propósito de conducirlo a una reunión con los golpistas para firmar la “pacificación” nacional. Es hora de que quienes convencieron a Evo de su inmortalidad, queden, como corresponde, al costado del camino, sin perder la oportunidad de hacer silencio para que el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos pueda demostrarse a sí mismo y a todo el país, que trascender al líder histórico es continuar en las grandes batallas, desde la Bolivia profunda, esa a la que se niegan a viajar los que creen que para hacer campaña, la realidad se puede monitorear exclusivamente desde un escritorio.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
(*) Never in the life, frase utilizada por el candidato de Comunidad Ciudadana en el debate auspiciado por la FAN y la CUB el sábado 3 de octubre.
Damos la bienvenida al periodista Julio Peñaloza Bretel como columnista de La Razón, e invitamos a leer un conjunto de artículos suyos referidos a la persecución política en el país que publicamos en el suplemento Animal Político de nuestras ediciones dominicales.
