Lo obligaron a renunciar y con él buscaron que todos renunciemos. Era una acción humillante y desdeñosa hacia nuestra democracia. A partir de ese instante, todo fue unidireccional con calificaciones cargadas de resentimiento y advertencias de detenciones y judicialización.
La historia de nuestra región está signada por un enorme listado de momentos políticos de quiebres en el poder civil. El 29 de junio de 1954 Jacobo Árbenz, hasta entonces presidente de Guatemala, era obligado a renunciar en una acción donde las Fuerzas Armadas de aquel país, confabuladas con la CIA, terminaron con la revolución que se había iniciado en 1944. Escribió Luis Cardoza y Aragón: “Pienso en Árbenz, nos habían derrotado, lo habían vejado en el aeropuerto de Guatemala, en él nos habían vejado a todos los guatemaltecos”.
El 16 de septiembre de 1955, cuando la tarde recién comenzaba en aquel infausto día para la democracia y el movimiento obrero argentino, las fuerzas del general Eduardo Lonardi iniciaron el ataque militar que intimaría al general Perón a renunciar a la presidencia tras una década en el gobierno. El líder argentino no ofreció resistencia y tampoco quiso acudir a los trabajadores para instalar una defensa que podía terminar en un “baño de sangre”. Horas después admitía que ya no había nada que hacer.
Unas décadas más tarde, en septiembre de 1973, otro líder emblemático de una Latinoamérica siempre agobiada era emplazado a renunciar. El entonces comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, general Augusto Pinochet, otorgaba un plazo perentorio al presidente Salvador Allende para que haga dejación de su investidura. La respuesta del mandatario fue la que solo hombres de una trascendencia histórica como la de Allende pueden tener: “Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Trabajadores de mi Patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia”. El día 11 de aquel mes, rechazando cualquier posibilidad de renunciar al mandato que el voto popular le confirió, ofrendó su vida ante las fuerzas de Pinochet.
En el tiempo, las formas mutaron a “insinuaciones” menos presenciales, pero no por ello faltas de efectividad. El Neogolpismo que ya había actuado bajo formas militaristas y eventos de judicialización en la región, se pronunció en Bolivia el 10 de noviembre de 2019, cuando el general Kaliman en conferencia de prensa leyó un comunicado del conjunto de las Fuerzas Armadas de Bolivia: “Ante la escalada de conflictos que atraviesa el país y velando por la vida, la seguridad y la garantía del imperio de la CPE, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las FFAA y luego de analizar la situación conflictiva, sugerimos al presidente del Estado que renuncie”. Las alternativas para el poder civil de entonces se redujeron a dos caminos únicamente: la vía Perón o la decisión de Allende. Consumaron un golpe porque tenían intereses de clase dominante y otros notoriamente económicos, pero un hecho mayor los inquietó siempre, quienes gobernaban, distintos en color de piel y apellidos, les eran antipáticos por su contenido popular. Para validar socialmente el golpe precisaban de la indignación colectiva, la narrativa del fraude electoral fue el argumento. Nunca lo probaron, pero les sirvió para despedazar la institucionalidad electoral y la vida de miles de bolivianos.
Pienso en Bolivia y en el valor formidable de 3.393.801 mujeres y hombres que le dijeron al país y al mundo que en Bolivia hubo un grito pacífico y democrático, de una enorme voz popular que dijo no al fraude, no al golpe, no al odio y no a la intolerancia.
Jorge Richter es politólogo.
