En pocos días, el régimen transitorio de Jeanine Áñez terminará su casi un año de mandato, devenido de una crisis política provocada por varias circunstancias, entre ellas las fallidas elecciones de 2019, la rebelión del sector conservador del país, la injerencia extranjera, el boicot institucional y los errores políticos de Evo Morales y del MAS.
Pretender convencer con criterios personales sobre una versión de los hechos es complicado, no necesariamente por la polarización del país, sino por la imposición de una fuerte corriente discursiva desde el sistema político y las mediaciones.
A la hora del recuento de daños, siempre será posible rebatir posiciones sobre la realidad.
Partamos del principio. Morales y el MAS abusaron de la fe de los electores al pretender una cuarta postulación después del referéndum de 2016 que les dijo no a esa posibilidad y ampararse en una coartada ante el Tribunal Constitucional.
Luego, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó esa candidatura y, a pesar de observar los tiempos, permitió unas improvisadas primarias. Desacierto, no así descalificación.
Con esos antecedentes, la narrativa del “fraude” ya había tomado cuerpo desde mediados de año. Un embajador incluso hizo circular en junio encuestas que señalaban que el “72% de los bolivianos cree que en las elecciones habrá fraude”. Y los políticos de oposición se sumaron al coro.
Para las elecciones, el TSE estaba demacrado; al mínimo error era vulnerable al descrédito y al boicot. La suspensión de la difusión de resultados preliminares (TREP), que no era vinculante, fue su acabose. Este año, con la anulación de cuajo del Direpre a horas de las elecciones no ocurrió lo mismo.
En esa circunstancia el candidato Carlos Mesa convoca a sus militantes movilizarse frente a los tribunales electorales (luego ocurren las quemas). No es sedición ni terrorismo. Y la misión de la OEA, oficiosa y tendenciosa, adelanta sus consideraciones y desata el descrédito del TSE, escamotea la institucionalidad de la democracia y origina el desastre.
Como ahora, pero más compactos, los detractores del MAS desconocen los resultados de la votación, y Mesa pasa de reclamar segunda vuelta a denunciar fraude, pero pierde soga y cabra.
Las pititas (cordones) copan las esquinas de las ciudades (¡vaya qué respeto y tolerancia democrática de sus oponentes que ni se atrevieron a romperlas!). Aparece Luis Fernando Camacho, invoca a las Fuerzas Armadas (dijo luego que su papá pagó a los militares) y pacta con la Policía un motín nacional: Mesa, como principal contendor electoral, guarda silencio y el Gobierno no se anima a denunciar “sedición”.
Las Fuerzas Armadas le piden a Morales la renuncia. Ni es insubordinación, ni menos sedición. “Es la rebelión del pueblo”, dirían Camacho y los movilizados.
Camacho cruza las calles de La Paz en andas, con seguridad policial, y toma el Palacio Quemado; planta la Biblia, y tampoco es sedición. Es la toma fáctica del poder.
Renuncia Morales rodeado de dirigentes y los militares ni caso le hacen; le siguen los de la eventual sucesión: Álvaro García, Adriana Salvatierra, Rubén Medinacelli y Víctor Borda. Se generan dos días de desgobierno en el país y aparece la senadora de oposición minoritaria Jeanine Áñez.
Áñez se autoproclama “ipso facto” en menos de 10 minutos luego de esperar un día lo que al final fue un simple comunicado del Tribunal Constitucional. Luego viene la “pacificación” con las masacres de Sacaba y Senkata, y sus aliados no dicen nada sobre la grave violación de derechos humanos. Pasa todo, y el MAS vuelve a ganar las elecciones, aunque hay extremistas que cuestionan su votación, el TSE no tiene los mismos detractores de 2019.
Rubén Atahuichi es periodista.
