A días del traspaso de mando, cuando el país volverá a tener un Presidente electo en las urnas, las voces que ponen en cuestión aspectos nunca del todo aclarados de la votación que condujo a la victoria del Movimiento Al Socialismo parecieran multiplicarse sin que la razón logre imponerse sobre las mentiras y medias verdades que circulan para mellar la credibilidad del proceso.
Durante los primeros días fue evidente la desazón de quienes se dijeron a sí mismos hasta el extremo de engañarse que el MAS había sido derrotado en 2019, si no en las urnas, sí con el desbande que siguió a la forzada renuncia del entonces Presidente; inaceptables, mas comprensibles, fueron algunas de las reacciones más visibles, como las de quienes a lo largo de los cinco días que demoró el cómputo oficial de votos fueron incapaces de demostrar una sola irregularidad y más bien cayeron en contradicciones.
Confirmado el resultado favorable al MAS y cerrado oficialmente el proceso de cómputo de las actas, es decir cuando el trámite ya es irrevisable según la ley, menudearon los actos públicos de rechazo, cuando no de candorosa incredulidad, y con ayuda de algunos medios de reconocida posición opositora al partido vencedor de las elecciones, se posicionó la idea de que algo no está bien con la elección.
De nada sirvieron las hasta ese momento insistentes declaraciones de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del equipo técnico de Naciones Unidas que desde enero acompaña al Órgano Electoral, o los informes de las diversas misiones de observación electoral señalando todos ellos que el proceso había sido transparente y eficiente y que no había nada qué cuestionarle, los operadores de la posverdad insistieron en un rosario de falsedades, reiteradas en los medios sin que los periodistas hiciesen grandes esfuerzos por comprobarlas o descartarlas.
Se ha llegado, finalmente, al exceso de rechazar el resultado de las elecciones y al mismo tiempo reconocer la legitimidad de las y los asambleístas que resultaron electos el 18-O; o peor todavía: descartar por completo informes y testimonios de enviados de los organismos multilaterales pero simultáneamente pedir que estas instituciones envíen especialistas para efectuar una “auditoría” del proceso, que ellas mismas han acompañado y certificado.
Todavía más inexplicable es que la Iglesia católica, habiendo sido parte del grupo que buscaba evitar estas circunstancias, aportando a los debates regionales, se haya sumado al coro de quienes creen necesaria tal auditoría, sin más argumentos que desarmar la tensión.
Flaco favor le hacen a la democracia quienes ponen en cuestión el proceso electoral solo porque no aceptan el resultado. Permitir que la desconfianza hacia las elecciones siga creciendo no solo afectará el clima para el gobierno entrante, sino que pondrá al país nuevamente ante una situación límite, en la que son muy pocos quienes tienen algo que ganar.
