Bolivia transitó en tres semanas a una nueva realidad política con los cambios de posición política a la orden del día. De repente, pareciera de lo más normal aceptar que el líder de una alianza política convoca a sus bases a las “rotondas” de las calles cruceñas para acompañar la solicitud de una auditoría a un proceso electoral del que, como resultado, sus asambleístas tomaron juramento en el cargo días antes.
Asimismo, parece ya un tránsito natural, aceptar taxativamente la integridad de un proceso electoral reconociendo a sus ganadores a las horas de su finalización para, a las semanas, establecer que aunque no se está de acuerdo con la solicitud de una auditoría a un proceso electoral, las expresiones que piden indirectamente el no reconocimiento de la voluntad popular se encuentran en el marco de la libertad de expresión mientras se afirma que, por una decisión heredada de la Asamblea Legislativa Plurinacional anterior, no se asistirá al acto simbólico de entrega de mando al nuevo Gobierno.
Bastan apenas unos días para que algunas y algunos líderes del resto del espectro político del país se manifiesten —en efecto dominó— para apoyar la solicitud de una auditoría al proceso electoral del cual previa y estratégicamente no habían dicho absolutamente nada. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a Rubén Costas, Angélica Sosa y Luis Revilla.
Luego, son necesarias apenas un par de semanas a partir de la firma de los resultados de las elecciones generales por la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional, para que una vocal de este órgano de Estado detone dudas sobre un proceso que ella con sus propias acciones llevó adelante junto al resto de vocales durante 10 meses y, con su firma, avaló semanas antes.
Para el remate, es suficiente que de manera simultánea —como quien deja un regalo en la puerta de la casa a la que ingresó por la ventana— el gobierno nacional de la señora Áñez eleve su voz a través de su Ministro de la Presidencia para, luego de haber avalado reiteradamente el proceso electoral durante varias declaraciones en los últimos días, solicitar se le realice una auditoría apenas a dos días de la entrega de mando al binomio ganador.
Lo que sigue es —como se dice— de manual. A los pocos minutos de que, en su última participación oficial, en el Consejo Permanente de la OEA, la Canciller agradeciera a esa instancia “por el informe sobre las elecciones generales 2020 que fue hecho con la mayor integridad profesional y calidad técnica” y reconociera que, como resultado de ellas, “el señor Luis Arce ha sido elegido Presidente del Estado Plurinacional”, remitía luego, con una destacable celeridad, los pronunciamientos del Gobierno interino y de una vocal del TSE (sin el aval de la Sala Plena), a la instancia a la que hace poco había agradecido. Después, en un parpadeo, el todavía Embajador de Bolivia en la OEA, designado por el Gobierno transitorio, confirmaba a los medios de comunicación que estas cartas ya se encontraban en Washington.
Una consigna futbolera trasladada al escenario de la democracia debiera establecer como máxima que “la voluntad popular no se mancha”. Pero está claro, a estas alturas del partido, que han sido todos los flancos políticos parapetados en el antimasismo los que, desde el día uno en el que no les gustaron los resultados de la votación, se han dedicado sistemáticamente a ensuciar la voluntad popular. Y esas son las narrativas y prácticas que ya les vamos conociendo a las y los negacionistas de la realidad política que han llegado a nuestro país para quedarse.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
