En el artículo El alineamiento de los medios de comunicación bolivianos con el bloque de poder postevista que pronto se publicará en un libro colectivo de la Fundación Ebert, Susana Bejarano y yo hacemos un análisis de la conducta de los principales medios de comunicación en las primeras semanas del gobierno de Jeanine Áñez, justamente un año atrás.
Estos medios apoyaron fervientemente al nuevo gobierno con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma de constitución de éste. Por ejemplo, Página Siete y sus columnistas hicieron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite; puso tanto empeño en ello que llegó a despedir a una de sus columnistas estrella, la feminista María Galindo, que chocaba fuertemente contra el oficialismo.
Otro aspecto de la defensa de los medios de la legitimidad gubernamental fue la mitificación de la “revolución de las pititas”. Periodistas de Página Siete y de El Deber presentaron de inmediato sendos libros encomiásticos del proceso político de fines de 2019.
El apoyo mediático al nuevo oficialismo llegó al punto de justificar sistemáticamente la represión ejecutada por el gobierno. El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta última ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron 10 campesinos y decenas fueron heridos. Ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. Página Siete tituló: Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían “armas de fuego y otros objetos letales”.
El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con rifles de balines y armas de fuego. Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios excepto La Razón dijeron que fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, ésta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella.
Los medios repitieron así la versión del gobierno, en lugar de realizar una investigación propia, ya que ningún periodista estaba en el lugar y el momento de los hechos. Pese a ello, ulteriormente aludieron constantemente al “atentado dinamitero” contra Senkata, lo que les permitió hablar de “terrorismo”. ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos, pero el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas fue La Razón.
La narrativa oficialista sobre “atentados narcoterroristas” permitió justificar la muerte por bala de más de 30 personas humildes y sin antecedentes policiales. Los medios bolivianos no pusieron en cuestión esta justificación y, con ello, permitieron que el gobierno lograra su propósito. No constituye una casualidad que las víctimas fueran indígenas sin agencia cultural o política.
Los principales canales del país cubrieron exhaustivamente las protestas contra Morales. En cambio, desde la renuncia de éste, los mismos canales solo emitieron informes escuetos sobre las manifestaciones anti-Áñez y, en muchos casos, describieron a sus protagonistas como parte de “hordas” y “turbas”.
Casi ningún medio, ninguna asociación periodística y pocos periodistas individuales protestaron porque las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, respectivamente, fueran suspendidas de todos los servicios de cable del país. Esta cancelación de emisión era más grave que las restricciones realizadas por el gobierno del MAS, que nunca se había atrevido a tanto, pero se acogió en el campo mediático en silencio o con aprobación.
*Fernando Molina es periodista y escritor
