La llegada e inicio de tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud del gobierno transitorio, en diciembre de 2019, ha sido acompañada de sospechas, cuando no irresponsables ataques, contra su imparcialidad e idoneidad. La crítica parece provenir de quienes se saben más culpables.
En efecto, en conversaciones cotidianas, casi tanto como en publicaciones y comentarios en las redes sociales, ha sido cosa común en los últimos días ver y escuchar toda clase de descalificaciones al equipo de cinco investigadoras e investigadores que tienen la misión de hallar la verdad y proponer reparaciones para las víctimas de violencia y vulneraciones de los DDHH en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del pasado año.
No es difícil rastrear el origen de tales afirmaciones, temerarias y desinformadas: basta con prestar atención a los discursos (”narrativas”, le llaman algunos) de los operadores mediáticos y de sus fuentes, que buscan predecir que el resultado de la investigación evidenciará que las vulneraciones a los DDHH provinieron “solo” de lado del Gobierno, olvidando, si no ignorando, que únicamente el Estado es responsable de los derechos enunciados en la Constitución Política y en los tratados y pactos multilaterales de los que el Estado es signatario.
Esos mismos discursos/narrativas omiten informar, en primer lugar, lo ya señalado: que la investigación del GIEI abarca un lapso mayor al de lo sucedido desde la frustrada elección de octubre de 2019 hasta los días posteriores a la discutible posesión de la Presidenta interina; y en segundo lugar que el mandato del Grupo es investigar “la violencia y las vulneraciones a los DDHH”; lo que implica ir más allá de las masacres de Senkata y Sacaba, e incluso de lo que el exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao ha calificado como “violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos” durante el gobierno transitorio.
Respecto de las críticas y descalificaciones al GIEI, tanto como al informe preliminar entregado en diciembre de 2019 por la CIDH y hasta a los cuatro otros informes internacionales y tres nacionales sobre lo sucedido en el trágico noviembre de 2019, Abrao dice que “las versiones que minimizan la gravedad de lo ocurrido en Sacaba y Senkata y descalifican la naturaleza de las denuncias, afectan la dignidad de las víctimas y las revictimizan”. Esta actitud está presente más que nunca en la política boliviana.
Lo dijimos en este mismo espacio ayer, y en varias ocasiones en las últimas semanas: el país necesita restañar sus heridas, procesar el dolor y superar el rencor. Difícil será hacerlo en medio de campañas orientadas a desinformar y diseminar la duda sobre quienes deben encontrar y mostrar la verdad. El mandato del GIEI, sin necesidad de discursos destemplados, ya incluye la obligación de investigar “sin exclusiones”.
