El imponente edificio de cemento, vidrio y acero de ultramoderna línea cobija a 700 funcionarios encargados de conservar las importantes piezas probatorias de los casos presentados al escrutinio, estudio y posterior sentencia dictada por los 18 jueces de la Corte Penal Internacional (CPI). Hasta ahora, la mayor parte de los acusados por crímenes contra la Humanidad eran exjefes de Estado y/o militares del continente africano. La excepción fue Slobodan Milosevich, dictador de la antigua Yugoslavia, apresado y juzgado el 01/04/2001, quien murió en su celda esperando sentencia, el 11/09/2006.
Ante ese cuadro macabro, el cacique kayapo Raoni Matuktire y el jefe de los Paiter Surui Almir Surui, a nombre de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) presentaron el 22 de enero pasado un pliego acusatorio contra el presidente Jair Bolsonaro y varios de sus ministros, atribuyéndoles “crímenes contra la Humanidad, por muertes, exterminio, traslados forzados de poblaciones, y sometimiento en esclavitud cometidos contra los aborígenes de la Amazonía”. El documento de 65 páginas y 21 piezas de convicción fue preparado por una batería de abogados franceses y entregado a la procuradora Fatou Bensouda. Más aún, se denuncia que Bolsonaro desde que asumió el mando en enero de 2019, aplicó una política sistemática de pillaje de las riquezas de la Amazonía, imponiendo condiciones de vida insoportables a las comunidades nativas con el fin de forzarlas a migrar y así desocupar las tierras apetecidas por la agroindustria, mediante una agresiva deforestación. Incluye además el cargo de asesinato de al menos siete dirigentes indígenas.
La génesis de esa queja se remonta a septiembre de 2019, cuando los incendios forestales devastaron grandes espacios amazónicos. Fue entonces cuando el cacique Raoni, acompañado de sus lugartenientes emprendió una extensa gira por Europa para motivar a la opinión pública del peligro que representaba para el planeta entero aquella catástrofe. La presentación de Raoni, ante los medios de comunicación, causó marcada sensación mediática por el retrato físico del cacique, ataviado de imponente plumaje colorido en la cabeza y un plato engarzado en la boca. No hubo duda acerca de la legitimidad de su raigambre tribal, distinta a otros dirigentes impostores que en Sudamérica se atribuyen la representación de pueblos indígenas, para medrar en su nombre. Raoni pronto se convirtió en una celebridad instantánea. Ahora, desde su aldea Metuktire, se repone del COVID-19 y a sus 90 años, emite declaraciones tan combativas como siempre. Refiriéndose a los gobernantes blancos tanto de izquierda como Lula o conservadores tal cual Bolsonaro, dice que “ellos siguen talando los bosques y construyendo represas, a pesar de que cada vez hace más calor. Por esas razones yo no puedo dejar de luchar y después de mí, serán mis nietos quienes continuarán el combate”.
Aunque el procedimiento ante la CPI es arduo, su competencia para conocer el caso se basa en la adhesión de Brasil a la CPI como Estado-parte, ratificada en 2002. Al hacerlo, Brasilia se obliga a retirar la inmunidad de aquellos jefes de Estado que hubiesen incurrido en crímenes contra la Humanidad, que como se sabe, son imprescriptibles. Mientras el procedimiento ante la CPI siga su curso, el legendario cacique querellante confía que Bolsonaro, para entonces, habrá dejado la presidencia y que así será más fácil someterlo a un debido proceso en La Haya.
Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
